El Estado apeló el fallo del juez de Mar del Plata que ordenó suspender la aplicación de la ley de aborto legal

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Además pidió la recusación del magistrado Alfredo López, quien había considerado que la IVE viola la “protección integral de la vida desde la concepción”.

El Estado nacional presentó un recurso de apelación contra la medida cautelar dictada por el juez federal de Mar del Plata, Alfredo López, que suspendió la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

Además, fuentes judiciales informaron a la agencia de noticias Télam que se pidió que el magistrado sea recusado por su falta de imparcialidad.

A través de un escrito de 188 páginas, el Estado pidió que se deje sin efecto la resolución dictada el 7 de junio por López, titular del Juzgado Federal 4 de la localidad balnearia, que ordenaba la suspensión de la aplicación de la Ley 27.610 y también del Protocolo para la atención integral de personas con derecho a la interrupción legal del embarazo.

El recurso por parte del Estado fue presentado por la abogada Mariana Muriel Brun, Delegada del Cuerpo de Abogados del Estado en Mar del Plata.

Por un lado, solicitó la recusación de López por considerar que se comprobaron "graves circunstancias que ponen seriamente en duda" su actuación "como juez imparcial en esta causa".

A su vez, en la apelación de la medida cautelar dictada, también solicitó que "se conceda el recurso con efecto suspensivo y, oportunamente, se revoque la resolución" del magistrado "en tanto causa gravamen irreparable".

El escrito consideró que "en un fallo sin precedentes", el juez "deliberadamente abandona su condición deimparcial y decide tomar las riendas del proceso contra la ley 27.610".

En esa línea indicó que "la suspensión de la vigencia" de la norma, "afecta gravemente el interés público en tanto el aborto es un problema de salud pública por varios factores, entre ellos: la cantidad de mujeres, adolescentes y niñas a las que afecta, por la permanencia de este problema en el tiempo, y por los riesgos que tienen en la salud sexual y reproductiva de miles de mujeres y personas con capacidad de gestar".
El fallo del juez

 

Cuatro meses después de la promulgación de la ley, el juez federal ordenó al Estado Nacional que suspenda la aplicación de la Ley de IVE por considerar que viola la "protección integral de la vida desde la concepción".

La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, había anunciado que el Gobierno apelaría la decisión. Dijo que la ley del aborto "no solo es una norma legítima" sino que "además, tiene una solidez convencional inobjetable".

Al hacer lugar a una medida cautelar, el juez marplatense ordenó no solo la suspensión de la Ley 27.610, sino también del Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo, que fue aprobado a fines de 2019 por el Poder Ejecutivo.

El recurso fue presentado por el abogado Héctor Adolfo Seri, que en los años 90 fue primer candidato a diputado provincial por el partido derechista Movimiento por la Dignidad y la Independencia (Modin), liderado por el carapintada Aldo Rico.

Recayó en el Juzgado Federal Nº 4 que encabeza López, después de que en primera instancia el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 2 de Mar del Plata, donde había sido presentado originalmente, se excusara de intervenir en el caso y declinara la competencia.

Seri planteó que la ley “iría en sentido contrario a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado Argentino en virtud de la protección integral del derecho a la vida desde la concepción”, y pidió una medida cautelar a fin de ordenar la suspensión de la resolución 1/2019 "atento estar en juego el derecho de la vida de niños por nacer”.

López destacó en su falló, en principio, su “condición de católico y respetuoso de la vida humana no resulta óbice para la intervención” en el caso, y pidió al Estado Nacional la suspensión de la ley, de todos los protocolos y las resoluciones relacionadas "hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo". Esto es: si la ley es constitucional o no.

Para el juez, la medida cautelar “no puede confundirse bajo ningún punto de vista con la cuestión de fondo”. Sostuvo que espera un análisis “profundo y minucioso” que permita confirmar si la ley cuestionada pasa “el test de constitucionalidad”.

"Llegada esa instancia, deberá corroborarse que la ley cuestionada pase el test de constitucionalidad, es decir, no resulte incongruente respecto del bloque constitucional compuesto por la Carta Magna con su reforma del año 1994, como asimismo, con los Tratados Internacionales incorporados a la misma en virtud del art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, particularmente con la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica- que forman parte del citado bloque constitucional y con las que no puede entrar en colisión ninguna norma de caracter inferior", indica la resolución.

López hizo lugar al recurso de Seri, quien es representado por el abogado Mauro D'Ipólito Blancat, lo que comprende la inaplicabilidad de la ley 27.610 y con ella la resolución 1/2019 del Ministerio de Salud de la Nación que oficia –indica– como “una guía a los equipos de salud para que cumplan con la interrupción del embarazo contemplado en el marco jurídico argentino”.

Argumentó que la cautelar es procedente pues Ley y protocolo "afectan y ponen en peligro la vida, dignidad y derecho del niño por nacer, como de su madre gestante”.

Fuente: agencias.

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CLARIN

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