Juzgan a monjas y directivas del Provolo por abusos sexuales a chicos sordos

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Son nueve mujeres que trabajaban en el colegio católico. Hubo 36 víctimas.

Roxana Badaloni

Un año y medio después de que se condenara a prisión perpetua a dos curas por los abusos sexuales en el colegio católico para chicos sordos Antonio Provolo, de Mendoza, comenzará el segundo juicio con otros acusados como partícipes necesarios y cómplices de las aberraciones ocurridas durante una década.

Este lunes, a las 8, serán juzgadas dos monjas, la administradora legal y otras seis mujeres que trabajaban en tareas de dirección, docencia y maestranza en la escuela albergue de Luján de Cuyo, Gran Mendoza.

La pandemia y las impugnaciones de la defensa de las nueve acusadas retrasaron la búsqueda de justicia de las 36 víctimas, menores discapacitados, que tenían entre 5 y 17 años cuando ocurrieron los abusos sexuales, maltrato y corrupción de menores.

El primer juicio terminó el 25 de noviembre de 2019 y fueron condenados los curas Nicola Corradi y Horacio Corbacho y al jardinero Armando Gómez, a las penas de 42 años, 45 años y 18 años de prisión, respectivamente.

El juicio se desarrollará de manera semi presencial. Según dispuso el Ministerio Fiscal de Mendoza, solo podrán estar presentes 25 personas en la sala 4 del fuero penal colegiado. Algunos testimonios y actuaciones de la defensa y la querella serán de modo remoto vía streaming.

El tribunal estará conformado por cinco jueces. El presidente será Horacio Cadile y el único que estará en forma presencial en la sala de debate de la ciudad de Mendoza. Los otros magistrados -Gabriela Urciuolo (1° vocal), Rafael Escot (2° vocal), Belén Salido (1° Suplente) y Belén Rena (2° suplente)- seguirán todas las instancias de manera remota.

El fiscal será Gustavo Stroppiana, quien llevó adelante la mayor parte de la investigación y el primer juicio que culminó el 25 de noviembre de 2019.

Las acusadas en el segundo juicio son las monjas Kumiko Kosaka (46) y la madre superiora Asunción Martínez (53); la representante legal del colegio Graciela Pascual (65); las ex directoras Edith Pinacca (66), Valeska Quintana (48), Cristina Leguiza (50) y Laura Gaetán (60); la psicóloga Cecilia Raffo (43) y la cocinera Noemí Paz (63).

Las nueve mujeres fueron imputadas por acción u omisión en sus actos como responsables del cuidado de los chicos discapacitados.

La acusación más grave es contra Kosaka, que está imputada como partícipe primaria en siete hechos de abusos y como autora penalmente responsable de un abuso simple.

La monja japonesa es la única que está con prisión domiciliaria y el resto permanece en libertad hasta la finalización del juicio.

El abogado querellante Sergio Salinas dijo que los testimonios, las pericias y pruebas comprometen a las acusadas como responsables y encubridoras de los abusos a los chicos hipoacúsicos.

“Hay elementos secuestrados como cadenas, pastillas anticonceptivas, ropa interior con semen y los pañales que usaban las monjas para encubrir los abusos sexuales a niños y niñas cuando eran muy pequeñas”, aseguró Salinas.

Un dato especial para llevar adelante el juicio es que intervienen cinco intérpretes de lenguas de señas –tres oficiales y dos por la querella y la defensa- para la realización de diversos actos procesales.

Entre la prueba acumulada hay 52 cámaras Gesell que deberán reproducirse y luego, ver si de los planteos que surjan, las víctimas que allí aparecen deben volver a declarar.

Serán citados 265 testigos y participarán 14 defensores para asistir a las nueve imputadas. En el primer juicio, los tres imputados tenían a la misma abogada defensora.

El debate oral durará varios meses. “Están agendadas las audiencias de debate hasta el mes de octubre, aunque no se descarta que el juicio pueda extenderse en el tiempo por la cantidad de testimonios y las pruebas acumuladas”, precisó la oficina de Prensa de la Procuración.
Condena ejemplar

En noviembre de 2016 se dieron a conocer los casos de abusos a chicos ya adolescentes sordos que concurrían como pupilos al Instituto Antonio Provolo, en el municipio de Luján de Cuyo.

Tres años más tarde, la condena a los curas Corradi y Corbacho y al jardinero Gómez tuvo un impacto mundial.

Fue la primera vez que los curas del Provolo fueron enjuiciados en 50 años de denuncias de violaciones, abuso sexual, maltratos y corrupción de menores, los sacerdotes de esta orden religiosa con sedes en Verona, Italia, en La Plata y Mendoza, en Argentina.

El fallo ejemplar evidenció la responsabilidad de la Iglesia Católica en el encubrimiento y traslado a otras sedes de estos curas pederastas.

Corradi ya había sido señalado por delitos similares en el Instituto Provolo de Verona, sin que fuera juzgado. El papa Francisco había sido notificado que el religioso dirigía un centro similar en Argentina.

En septiembre de 2020, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, ratificó por las condenas de entre 18 y 45 años de prisión a los responsables de los abusos sexuales a menores.

Los jueces de la Corte destacaron la vulnerabilidad de las víctimas, menores con problemas de audición y habla que tenían dificultades para expresarse y comunicarse y que han sido atacadas por las personas adultas que “ostentaban una clara relación desigual de poder”.

EMJ
CLARIN

 

 

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