El fallo insólito: un periodista procesado por deducción

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Peligrosa inferencia de un juez federal: el periodista es cómplice de su fuente.


Ricardo Roa
Hay un juez federal, o sea uno de los jueces que investigan delitos graves, que recibe una denuncia de extorsión. El denunciante había sido implicado por una banda que robaba y vendía mercadería importada, depositada en contenedores del puerto. Contrabando y algo más.

Esa historia de hace cinco años había empezado a escribirla otro juez, que investigó la maniobra y comprobó que la banda falsificaba documentación con la complicidad de funcionarios. Nada demasiado novedoso hasta ahí. Es tan poco novedoso que ese juez tiene procesados a 50 aduaneros. Ni tampoco es novedoso que aparecieran algunos personajes del poder, como Claudio Minnicelli, el cuñado de Julio De Vido.

El juez federal que ahora investiga la denuncia de extorsión es Luis Rodríguez y el denunciante es un agente aduanero que, aunque parezca un chiste, se llama Gabriel Traficante. Traficante fue una pieza clave en esa fábrica de millonarios que era o sigue siendo la Aduana, sobre todo con los negocios de las declaraciones de importación y el reparto de cupos. Un negocio que es mucho más fuerte cuando faltan dólares, como acá pasa normalmente.

¿A quién denunció Traficante? Al falso abogado Marcelo D’Alessio, que se vendía como agente de la DEA, con información de medio mundo y contactos con medio mundo. D’Alessio operaba desde una agencia de seguridad con dos ex jefes de la Bonaerense. Operar quería decir vender información a servicios de inteligencia o a agentes de servicios de inteligencia, que era reutilizada para extorsionar a empresarios. A empresarios que podían extorsionar. Uno de ellos fue Traficante, que empezó a grabar las conversaciones que mantenían.

D’Alessio también era fuente de muchos periodistas, entre ellos Daniel Santoro, de Clarín, al que el juez Rodríguez acaba de procesar argumentando insólitamente que Santoro fue cómplice de su fuente. El juez dice que Santoro “publicó dos artículos en el diario Clarín, los cuales fueron utilizados por D’Alessio para ejercer presión sobre Traficante y que éste cediera a sus pretensiones”. Pretensiones quiere decir chantaje y coima.

Los artículos de Santoro de noviembre y diciembre de 2016 se titularon “Aduana: investigan si un millonario es el jefe de la banda del cuñado de De Vido” y “Mafia de la Aduana: la Justicia busca ahora a Mister Corea”. ¿Y en qué consistía el chantaje de D’Alessio? En llamar a Traficante y contarle lo que iba a publicar Santoro. Sobre esa construcción, Rodríguez deduce que Santoro era parte de la extorsión. Se saltea nada más y nada menos que el corazón de cualquier sentencia: la prueba. La cuestión no es que se trate de un periodista. La cuestión justamente esa: que procesa sin pruebas. A un periodista o a quien fuere.

Rodríguez es un ex juez de instrucción que pasó a integrar Comodoro Py apadrinado por el padrino de su hija, el auditor y eterno operador kirchnerista en la Justicia, Javier Fernández. Lo acusaron de copiarse en el examen. La viuda de Daniel Muñoz, secretario privado y sombra de Kirchner, dijo que su marido le dijo que le había pagado a Rodríguez 10 millones de dólares para que lo ayude en la causa de lavado de dinero.

No es la primera vez que la justicia federal actúa contra periodistas y no actúa contra corruptos. ¿Qué hay detrás de las 100 páginas que Rodríguez dedica a Santoro? Evidente: ganas no le faltaron para procesarlo. Lo que le faltan son pruebas.
CLARIN

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