El otro virus es la corrupción

IDENTIDAD CORRENTINA

Argentina cayó 12 puestos en el ranking mundial anticorrupción.


Silvia Fesquet
Argentina lo hizo de nuevo. Según el Indice 2020 de Transparencia Internacional, en el primer año de gobierno de Alberto Fernández el país cayó 12 puestos en el ranking mundial que mide la percepción de corrupción en el Estado. Con 42 puntos, tres menos que en 2019, se ubicó en el puesto 78 entre 180 naciones evaluadas. Al tope de la lista, con 88 puntos -a mayor puntaje, menor corrupción- quedaron Dinamarca y Nueva Zelanda.

El año pasado estuvo signado por la pandemia. Y en ese sentido, Delia Ferreira Rubio, presidenta de TI, la ONG que lidera desde hace un cuarto de siglo la lucha contra la corrupción en el mundo, “la Covid 19 no es sólo una crisis sanitaria y económica: es una crisis de corrupción. Y de momento no la estamos superando”. En la región, la mejor performance es la de Uruguay, con 71 puntos, y la peor es la de Venezuela, con apenas 15.

En el caso puntual de Argentina, según los expertos, habrían influido las compras y contrataciones, no siempre relacionadas con la pandemia, saltando pasos de control, o realizadas en forma directa, sin licitación, así como los intentos para reformar la Justicia, desplazar al procurador general interino Eduardo Casal, o una mayor injerencia del Estado en la economía. Todo lo cual atenta contra un buen clima de negocios y siembra dudas sobre la independencia del Poder Judicial y la claridad y transparencia de las reglas de juego. La Auditoría General de la Nación pidió auditar las compras surgidas en la emergencia: este año la crisis sanitaria seguirá marcando la agenda, con la adquisición de vacunas como uno de los ítem a poner bajo la lupa.

La corrupción es carísima. Según datos del Foro Económico Mundial, presentados en 2018 por el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, en la primera reunión del Consejo de Seguridad sobre corrupción, su costo global fue de 2,6 billones de dólares, equivalente al 5% del PBI mundial. Para CEPAL, es más del doble de lo necesario para otorgar un ingreso básico de emergencia a 215 millones de personas que viven en la pobreza en América latina y el Caribe. El Banco Mundial calcula que cada año se paga un billón de dólares en sobornos. Los organismos internacionales han puesto en la mira el “crony capitalism”, o capitalismo clientelar.

Para los expertos, una de las condiciones clave para el desarrollo y el crecimiento de un país es la calidad de sus instituciones. Y ella deviene no sólo de tener una buena legislación, sino de evitar la corrupción: algunos estudios han demostrado cómo afecta el crecimiento de un país al reducir los estímulos para invertir en él. También se la asocia con una mayor desigualdad en la distribución del ingreso y un aumento de la pobreza, a través del menor crecimiento económico, y de la evasión fiscal, que impacta en los recursos disponibles para el gasto social.

Según escribe José Cruz-Osorio, gerente en el Centro Regional del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) en América latina y el Caribe, citando datos de una encuesta de Gallup en diez países de la región, prácticamente todos respondieron “menos corrupción” cuando se les preguntó qué se necesitaría para una efectiva recuperación post-Covid. Y es el cambio, explica, que se pide con más urgencia, de una lista que incluye mejores servicios y protección social, menos desigualdad, una clase política más responsable y más solidaridad entre los pueblos.

A la hora de prevenir la corrupción, uno de los factores es la rendición de cuentas por parte de quienes gobiernan. Otro, la ausencia de impunidad, es decir, que la corrupción sea juzgada y castigada. Y esto se relaciona con la educación. Curiosamente, o no, la educación suele ser castigada en los sistemas corruptos. ¿Por qué? Porque es el ámbito que ofrece menos chance de “retornos” en sus inversiones. No por casualidad, los países menos corruptos son los que mejores sistemas educativos tienen. Y todo se relaciona con valores. Esto es, que aun en los más pequeños actos de la vida cotidiana, la corrupción sea percibida como un delito, y no como una viveza. Y que actuemos en consecuencia, por ejemplo, a la hora de poner el voto.
CLARIN

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Mariano Hormaechea

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