Con la embestida a la Corte volvieron los presos políticos

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La Argentina ya ha tenido, por cierto, episodios absurdos en su historia. Algunos trágicos, otros grotescos, otros risueños.

En esa galería multicolor no debería faltar la manifestación del lunes que arrancó en Avenida de Mayo y 9 de Julio para terminar frente a Tribunales: es la primera vez que partidarios de un gobierno salen a la calle para exigir "una Navidad sin presos políticos".

Lo normal ha sido (acá y en el resto del mundo) que un clamor de esas características se hiciera escuchar bajo dictaduras, a lo sumo con gobiernos civiles tutelados por los militares o en regímenes autoritarios. Desde ya que quienes en el pasado reclamaban por la liberación de presos políticos no eran camaradas de armas de los que estaban usurpando el poder sino opositores. Dirigentes, militantes de la resistencia de variada iracundia, luchadores, intelectuales y, sobre todo, valientes abogados, por ejemplo, de la Asamblea Permanente por los derechos humanos, quienes muchas veces se jugaban la vida por sólo reclamar, riesgo que dejaron acreditado varios mártires.

Defensores de presos políticos que usaban a viva voz su prestigio personal para reclamar también fueron en su momento los abogados Frondizi y Alfonsín. Entre 1937 y 1955 la Liga Argentina por los Derechos del Hombre dejó un largo historial de hábeas corpus, mientras sus miembros ponían el pellejo para sacar a los activistas encarcelados por los gobiernos de Ortíz, Castillo y también de Perón.

Algún malentendido debe haber en la Argentina actual para que sean oficialistas quienes reciclan una consigna de resonancias represivas, "una Navidad sin presos políticos", en especial descortés con el estado de derecho, de cuya vigencia se supone que el principal responsable siempre es el Gobierno. En realidad podría tratarse de más de un malentendido, porque el slogan de la marcha del lunes cuela otro disparate. Asegura que "las cárceles no son para los compañeros" (lo dice con algunas equis intercaladas, por si alguien no entiende que los compañeros pueden ser de ambos sexos). Sucede que el principio rector del estado de derecho es la igualdad ante la ley, lo que acá entra en flagrante contradicción con el encumbramiento de la categoría "compañeros" como casta superior, privilegiada, eventualmente impune. Más transparencia no se les puede pedir.

Al decir que algunas personas por el hecho de actuar en política de cierto lado están exentas de cometer delitos, de ser juzgadas e ir presas se está negando la esencia del estado de derecho cuya vigencia a la vez se pretende. Por supuesto que para que alguien vaya preso deben darse determinadas condiciones, la primera de las cuales es que la orden parta de un juez. Pero ahí no parece haber problemas. Ninguno de los presos cuya libertad se reclama fue detenido por orden de alguien que no sea juez ni en el marco de algo distinto que una causa judicial sometida a los contralores escalonados que establece el sistema penal. Eso no significa que no hubieran podido haber fallas, abusos en los procesos o retardos, pero no parece suficiente el insatisfactorio funcionamiento de la Justicia argentina para convertir a los procesados en "presos políticos", virtual sinónimo de inocentes perseguidos por sus ideas y no por estar bajo sospechas consistentes de haber cometido delitos comunes. Sin perjuicio de que varios de los engalanados como "presos políticos" sean políticos presos.

"Me molesta que digan que tengo presos políticos porque no los tengo", dijo Alberto Fernández en febrero, aplicando esa vez con justificada lógica la primera persona que su fraseología frecuenta. Recuérdese que una polémica pública sobre el tema agitó al oficialismo el verano pasado. Quedó trunca debido a la irrupción de la pandemia. En aquel momento el Presidente dio a entender que por razones de repercusión internacional no convenía hablar de presos políticos sino de detenciones arbitrarias. El kirchnerismo, en cambio, insiste con echar mano a la terminología tremendista, mucho más eficaz en maniobras de victimización. A la marcha del lunes adhirieron dos dirigentes muy cercanos a la vicepresidenta, el diputado Eduardo Valdés y la ministra bonaerense Teresa García. La carta contra la Corte Suprema de la semana pasada, además, fue lo que inspiró la movida.

¿Quiénes serían los presos políticos? Los manifestantes oficialistas del lunes, pertenecientes a La Cámpora, Nuevo Encuentro, Tupac Amarú, Quebracho, MILES, MT Aníbal Verón y también de la UOCRA, llevaban afiches con los rostros de Cristina Kirchner (que no está presa sino procesada), Boudou (por ahora con prisión domiciliaria), Milagro Sala, Julio de Vido, Juan Pablo Schiavi, Ricardo Jaime, Roberto Baratta, Jones Huala, Omar "Caballo" Suárez, Juan Pablo "Pata" Medina y Fernando Esteche. Este último, que se encuentra desde 2019 en libertad bajo fianza, estaba a la cabeza de la manifestación, también impulsada por Luis D'Elía.

Casualmente el peronismo tiene una sólida tradición en usar la cárcel para perseguir a sus propios defenestrados, a la cabeza de la cual está el sindicalista Cipriano Reyes, virtual organizador del 17 de octubre, nada menos. Cuando en 1947 Reyes cayó en desgracia y quisieron matarlo (murió ametrallado el chofer del taxi en el que viajaba), Perón lo metió preso bajo el cargo de querer matarlo a él. Recién lo soltó la Revolución Libertadora ocho años después. Perón también puso preso durante un año a Ricardo Balbín, uno de sus principales opositores. Por cierto, la lista es más amplia.

Esas sí eran persecuciones por ideas. Había una Justicia sumisa (es verdad, con mucha menos incidencia de causas de interés político), en el marco de sometimiento general de los agentes del Estado al partido gobernante, desde el momento en que era requisito estar afiliado. Al decir el kirchnerismo que hay "presos políticos" porque jueces y fiscales se confabulan con "medios hegemónicos" para perseguir a "dirigentes populares", de algún modo está aseverando que hay, por fin, una Justicia autónoma respecto del Poder Ejecutivo. Pero no se trataría de una Justicia independiente porque detrás está el poder económico, los grandes intereses, los que quieren vengarse de Boudou porque a él se le ocurrió la revolucionaria medida de estatizar las AFJP (que otro gobierno peronista había inventado). ¿Se refieren a esta Justicia, la que en la causa de los cuadernos procesó y metió presos a varios de los empresarios más poderosos del país?

Hay, en todo caso, dos claves combinadas debajo de esta defensa forzada de "presos políticos". Una se refiere a la lista precisa de supuestas víctimas de persecución política (sea la que lista que fuere, ninguno recibió nunca una visita de la líder, rara solidaridad) y la otra, al lugar en el que se camufla a la corrupción dentro del discurso político.

De todas las extravagancias político institucionales de esta época anormal la más llamativa quizás sea la forma en la que Cristina Kirchner ampara la corrupción. Se trate de la propia o de la de su gente, ella a la corrupción no la menciona. A granel circunscribe las causas judiciales a una persecución política organizada sin sentirse en la necesidad de aclarar a cuáles de los suyos considera perseguidos políticos y a cuáles aceptaría o se resignaría a catalogarlos como procesados genuinos por tratarse de exfuncionarios desleales, corruptos excepcionales, casos aislados o como prefiera decirles.

Había llegado a admitir, cuanto menos, el pornográfico caso de José López, su eterno secretario de Obras Públicas. En los hechos eso significó un reconocimiento de que la corrupción en los gobiernos kirchneristas no fue en su totalidad un derivado del "lawfare". ¿Cómo no recordar que lloró por televisión cuando se le mencionó al arrojador de bolsos con millones de dólares debido a la "indignación" y la "angustia" que el suceso le había causado?

Vale la pena refrescar su reacción, hace apenas tres años. "Creo que lo odié a José López en ese momento como pocas cosas en mi vida", dijo en la inusual entrevista con Luis Novaresio. El odio es un sentimiento que según el discurso kirchnerista monopolizan los opositores, pero se ve que también invadió a la líder en el momento amargo en el que se desayunaba de que un corrupto, siquiera uno, se había colado en su elenco gubernamental. "Esa noche quería patear todo en Calafate".

Sin embargo, López como foco de su aflicción consumió menos de un minuto. Enseguida dijo que lo que le dolía era la decepción que esto podría ocasionarles a los militantes jóvenes, aunque lo que verdaderamente le preocupaba era saber "quién le entregó ese dinero" a López, dado que "detrás de todo corrupto hay un corruptor". Llegó entonces, por fin, la palabra inaceptable. "Me resulta inaceptable que la Justicia, los peritos no hayan podido determinarlo. ¿Cómo puede ser posible que no lo identifiquen si está identificado el banco?".

Por López, al menos, no doblan las campanas.
Por: Pablo Mendelevich
LA NACION

 

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