Alberto parece mimetizado con el pensamiento de la vicepresidenta.

El fenómeno le hace perder identidad y autoridad. Las consecuencias políticas son inevitables.
Eduardo van der Kooy
Para tratar de comprender una buena parte de la génesis de la crisis sistémica que atraviesa la Argentina habría que someterse a un ejercicio de abstracción. Omitir el timbre de voz cuando habla Alberto Fernández. Soslayar su nombre si se recurre a la lectura. Conclusión: todo lo que se escucha y se lee podría pertenecer ahora, indistintamente, al Presidente o a Cristina Fernández. No se observan ni siquiera matices entre ellos.

Ese fenómeno reconoce un punto de partida. Fue el proyecto frustrado de intervención y expropiación de la empresa agroindustrial Vicentin. Inauguró una sucesión de protestas sociales que no se detienen. El Presidente las vive como intentos desestabilizadores. Brotan siempre que aflora el mundo oscuro que vincula a la vicepresidenta con la corrupción y el Poder Judicial.

La semana pasada, en su visita a Entre Ríos, desplegó de manera impecable el libreto de Cristina. Produjo un regreso en el tiempo. Como si la Argentina estuviera hoy transitando el 2011-15. Dijo que la oposición y los medios de comunicación “atacan la democracia”. Les adjudicó posiciones “extremas y muy irracionales”. El kirchnerismo o el Frente de Todos sería así, en su imaginario, una expresión política socialdemócrata de aquellas naciones que comenzó a admirar en su avanzada adultez: Suecia, Noruega y Finlandia.

Ese aparejamiento entre Alberto y Cristina posee consecuencias políticas. No derivan, exclusivamente, de la manera en que fue armada en mayo del 2019 la fórmula de poder. Tampoco del volumen de los liderazgos. Influyen aspectos emocionales y psicológicos. Que el propio Alberto conoció cuando ofició de jefe de Gabinete de Néstor Kirchner y Cristina. Fue un matrimonio que convivió con diferencias ideológicas pero que casi nunca vulneró límites de uno y otro. Ella acataba a su marido como jefe político. El respetaba la tarea como legisladora y admiraba, a veces hasta las lágrimas, su capacidad de oratoria. Por caso, cuando expuso en el Senado (2006) el proyecto para reducir a cinco los jueces de la Corte Suprema. Que ahora aspira a aumentar.

Todos aquellos diques se rompieron con el fallecimiento del ex presidente en 2010. Cristina hizo valer una visión del peronismo diferente a la que tenía su marido. Destruyó cualquier límite inhibitorio en el comportamiento político y público. Alberto ya había renunciado a raíz del conflicto con el campo. Reprochaba que el PJ hubiera resultado relegado por la entonces presidenta.

Fue en esa época y en años posteriores que, en discretísimas tertulias, comenzó a desgranar una teoría. La supuesta existencia de un “gas paralizante” que la entonces mandataria utilizaba para esterilizar a los funcionarios o dirigentes que disentían con sus decisiones. Aquella explicación con ramificaciones en el plano político encerraba un componente psicológico-emocional. El mismo que parece merodear ahora a la cima del Gobierno.

Una de las excepciones a esa regla fue el alejamiento del ex ministro Florencio Randazzo cuando Cristina le impidió pelear una interna con Daniel Scioli por la Presidencia en el 2015. Se fue a un espacio opositor que en las legislativas del 2017 dirigió desde las sombras el propio Alberto.

Nadie sabe qué piensa ahora el Presidente sobre aquella teoría del “gas paralizante”. Existe la impresión, por hechos y palabras, que la manifestación se estaría repitiendo. Hay mutaciones extraordinarias. Dejemos la grieta. Alberto sostuvo por escrito en febrero del 2015 (diario La Nación), que el acuerdo firmado por Cristina con Irán era la prueba de encubrimiento del atentado en la AMIA. Señaló a la vicepresidenta como autora de un delito. Esta semana habló ante la Asamblea de la ONU. Pidió ayuda a Irán para esclarecer la tragedia y aseguró que el Memorándum de Entendimiento fue sólo una herramienta para encontrar la verdad.

Ejemplos similares sobre política doméstica hay a raudales. Pero ese viraje de Alberto se produjo en torno a un episodio que dejó 85 muertos y marcó para siempre a la comunidad judía. Algo sucedió durante su recorrido desde el llano hasta el regreso al poder. Incluyó el año largo de reconciliación con Cristina. Desarrollada siempre en el domicilio de ella o en el Instituto Patria.

Para no ser menos que la vicepresidenta, Alberto también interpeló públicamente a la Corte Suprema que debe analizar el caso de los tres jueces desplazados por el Senado. Son Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli. Interpeló a su titular, Carlos Rosenkrantz, por haber convocado a la acordada. Un gesto de injerencia que en el tiempo pasado, tal vez, no hubiera hecho.

Puede hablarse de un proceso de mimetización. De aquello que los psicólogos definen como “conflicto identificatorio”. También, personalidad simétrica. Se trata de un terreno (la psicología) que el Presidente jamás transitó en su vida. No se frena en la metamorfosis personal. Impacta sobre la escena política y el nuevo sesgo que tomó su administración.

El cambio está incidiendo ahora en tres aspectos. El Presidente pierde cada vez más rápido la popularidad y credibilidad que le permitió en sus inicios la administración de la pandemia. Hoy posee paridad entre la imagen negativa (39,1) y positiva (41,4). Son datos de Managment & Fit. La expectativa social también declina: por la profundización de la crisis, según la consultora Isonomía, casi el 60% de los argentinos sostiene que está peor que el año pasado. Cuando la derrota de Mauricio Macri en las PASO ahondó una crisis gestada en 2018. Alberto ha resignado el apoyo de aquellos que apostaron a su aparente moderación para detener a Cristina antes que tener que repetir la experiencia con el ingeniero.

Esa retracción detona otro inconveniente. El Presidente parece haber quedado –voluntariamente o no—rehén de los K en apenas nueve meses. Le restan tres años largos de mandato. Con una elección intermedia que, posiblemente, se realice bajo los efectos fuertes o atenuados de la pandemia. Se avizoran más consecuencias. Alberto carecería de margen para homogeneizar el espacio peronista, que empieza a observar sus pasos con desaliento. Refiere a gobernadores e intendentes. El aislamiento debilita la autoridad y su gestión. La vicepresidenta había circunscripto su agenda al Poder Judicial. La preocupación excluyente por sus causas de corrupción que, en algún caso, se extienden a la familia. Tal agenda le fue impuesta al Presidente. Hace días su participación abrazó la profunda crisis económico-social. Cristina estuvo dos veces en Olivos debatiendo el desmadre producido después de que el ministro de Economía, Martín Guzmán, cerró el acuerdo con los acreedores. Aquello que desde el Estado y el sector privado se valoró como un logro ingresó, debido a impericias de gestión, en terapia intensiva. Los registros de la economía alarman. Un 19,1% de caída en el PBI en el segundo trimestre (cuarentena rígida) y 13,5% de desempleo.

La vicepresidenta sigue defendiendo a Guzmán, pero descree del resto del equipo económico articulado por el Presidente. Esa defensa significa colocar en el ojo de la tormenta a Miguel Pesce, el titular del Banco Central. El amigo de Alberto, ante la crisis por la caída de reservas, impuso un complejísimo sistema de súper cepo sobre el dólar ahorro mal instrumentado. Tanto que la Argentina transitó la semana pasada un feriado cambiario. Se cumplió uno de los preceptos del Presidente: no salió ningún dólar. Tampoco entró ninguno. Quedó al descubierto, por otro lado, la dificultad de una estructura de gestión loteada. Pesce cerró el acceso del dólar ahorro a todos los beneficiarios de planes sociales coyunturales o permanentes. Los bancos no pudieron operar por carecer de las nóminas que posee la ANSeS, que conduce la dirigente de La Cámpora, Fernanda Raverta. Los K denunciaron que ese blanqueo implicaba una estigmatización de las políticas sociales.

El Presidente lo sostiene. Nadie sabe si está conforme con lo que hizo. Está seguro, sin embargo, que de producirse la vacante le costaría mucho cubrirla con un hombre propio. Cristina husmea desde que se interesó por la crisis económica. Sobre ese interés no habría que confundirse. Teme que un cuadro de descontrol termine dinamitando su principal objetivo que es la Justicia. De allí la celeridad, en todos los planos, para acorralar a tres de los jueces que la apremian con la causa de los Cuadernos de las coimas.

Guzmán debe encarar otra tarea ardua: renegociar la deuda con el FMI. El organismo dijo que tratará de entender la agenda económica argentina. Aquí se junta el súper cepo con la fuga de empresas que recelan de la sensatez nacional. En medio del crash se promueve una moratoria para personas que no completaron 30 años de aporte para la jubilación. Se blande un impuesto a las grandes riquezas que sobrevoló gravámenes incomprensibles. Después de cuatro meses el Senado sancionó con cambios la ley de Economía del Conocimiento que en 2019 permitió ingresar al país US$ 6 mil millones. Mucho para una nación raída. Se bajó el margen de ganancias para las grandes empresas. Debe volver a Diputados. El tiempo pasa.

Guzmán presentó la ley de Presupuesto que, luego de la última semana caótica, quedó desactualizado. ¿Tendrá hoja de ruta adicional? Aunque la tenga, el Gobierno requerirá para avanzar de respaldo político. No sólo acaba de quedar mal con Estados Unidos porque boicoteó la elección de un hombre de esa nacionalidad como titular del BID. Juguetea también en Bolivia para que en octubre gane Evo Morales, refugiado aquí. Los principios nunca se dejan en la puerta.
CLARIN


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