Vilma Ojeda presentó un pedido de informe al IPS para confirmar si Raúl Ojeda cobró su retiro de la Policía desde que es funcionario público. En el Municipio afirman que el acusado “ofreció devolver el dinero”, pero se negó a renunciar.

Los dirigentes del Partido Justicialista que entran en la función pública y dan muestras de lo permeable que son para cometer delitos contra el Estado escribieron un nuevo capítulo. San Isidro, un municipio ubicado en el departamente de Goya, con tan solo 5 años de existencia y con una población de unos mil habitantes, es la nueva cara de la corrupción. A poco de cumplirse el primer año de gestión del PJ en ese pequeña localidad, la intendenta Vilma Ojeda salió al cruce de su viceintendente, Raúl Figueroa, por supuestas irregularidades.
Según fuentes consultadas por La República, las diferencias entre Ojeda y Figueroa se profundizaron poco antes de que ambos peronistas inicien su gobierno. Todo terminó de romperse cuando la jefa comunal tomó conocimiento de que su segundo percibía dos sueldos: uno como viceintendente de San Isidro y otro, por ser retirado de la Policía de la Provincia.
Ante esa situación, la responsable del Municipio solicitó al Instituto de Previsión Social (IPS) un pedido de informe para conocer la situación de todo el personal que presta servicios en la Comuna.
Si bien el IPS todavía no respondió el pedido de informe de Ojeda, existirían comprobantes que confirman que Figueroa nunca realizó los trámites correspondientes para dejar de percibir sus haberes como expolicía.
En San Isidro afirman que Figueroa se ocupó de reconocer en el recinto del Concejo que cometió tal irregularidad y rechazó cualquier posibilidad de abandonar el cargo de viceintendente. “Incluso se ofreció a devolver el dinero si hacía falta”, pero se negó a renunciar al cargo público.
“Habría percibido dos sueldos del Estado durante más de dos años”, expresaron off the record a La República. Es decir, que Figueroa cobró dos salarios incluso antes de ser viceintendente. Es que antes de ser elegido en ese cargo ya cumplía funciones en la administración municipal.
Según estimaciones, “habría cobrado más de 300.000 pesos como funcionario municipal, mientras percibía una pensión provincial por retiro”.
A la par de la presentación hecha en el IPS, Ojeda denunció ante el Concejo Deliberante que si se confirma que Figueroa percibía un sueldo provincial siendo funcionario municipal “estaría incurriendo en un delito”.
La intendenta sostiene que Figueroa no habría notificado al IPS de su actividad como funcionario municipal, tras asumir como viceintendente el 10 de diciembre de 2017. Por eso se lo acusa de haberse alzado con un importante dinero público, por lo que deberá responder en la Justicia si se confirma la información que provocó revuelo en el pequeño municipio.
“El viceintendente cobró una suma mayor a los 300.000 pesos, dinero que se hubiese destinado a la ayuda social, viviendas, proyectos productivos, obras y salud y a mejorar el salario de los empleados, por lo que le corresponde devolver el dinero al Municipio”, reclamó Ojeda ante el Concejo Deliberante el miércoles pasado durante una sesión escandalosa.
Tras la exposición del caso, ahora los ediles de San Isidro podrían iniciarle juicio político al viceintendente, a menos de un año de haber asumido.
El hecho no es un caso aislado y si se confirma el delito, es un nuevo episodio de corrupción de dirigentes peronistas que se suma a lo sucedido en Perugorría, donde los exintendentes Angelina Lesieux y Jorge Corona terminaron presos tras comprobarse que no rindieron gastos públicos por cifras millonarias.
LA REPUBLICA

 

 


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