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La decisión fue comunicada al intendente Osnaghi, suspendido por el Concejo, y a los ediles.

Se conoció ayer que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la Provincia se declaró competente para “entender en el conflicto de poderes planteado” entre el intendente de Paso de la Patria, Guillermo Osnaghi, y el Concejo Deliberante de esa localidad. Por ese motivo, notificó que el cuerpo legislativo “debe suspender todo procedimiento relativo a la cuestión en sede administrativa”, en relación con el proceso de juicio político iniciado al jefe comunal, que fue suspendido del cargo por decisión de los ediles.
La decisión fue notificada a las partes a través de las respectivas cédulas.“Declarar la competencia originaria y exclusiva de este STJ para entender en el presente conflicto de poderes planteado entre el Sr. Intendente Guillermo A. Osnaghi y el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Paso de la Patria”, reza la nota enviada a los ediles. Tras la notificación, el Concejo Deliberante tiene cinco días hábiles para formalizar su defensa. En la misiva instan “acompañar pruebas documentales que conste en su poder y ofrecer los demás pruebas de las que intente valerse”.
En su punto tercero se notificó que “el Concejo Deliberante debe suspender todo procedimiento relativo a la cuestión en sede administrativa en cumplimiento de lo prescripto en el artículo 12 in fine de la Ley 6042”. El documento judicial lleva la firma del presidente subrogante, Luis Rey Vázquez, y de los ministros Eduardo Panseri y Fernando Niz.

El conflicto

Las diferencias entre Osnaghi y los concejales dio lugar a una intervención del Centro Judicial de Mediación tras una presentación hecha por el intendente, en la cual cuestionaba el aumento del 4% al 8% del presupuesto aprobado por los ediles, lo que originó el inicio de un expediente ante el Superior Tribunal de Justicia, que se declaró competente para entender en el caso. La mediación se vio interrumpida porque, a la par, Osnaghi fue suspendido a través del voto de la mayoría de los ediles por supuestas irregularidades en la gestión por la compra de una camioneta usada, el alquiler de un inmueble y la carga de combustible en cercanías a una escuela.
LA REPUBICA

Miércoles, Noviembre 21, 2018
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