Guillermo Castello, diputado bonaerense por Cambiemos, presentó este miércoles un proyecto de ley que prevé la suspensión y posible quita de planes sociales o cualquier otra "prestación económica por parte del estado" a quienes participen en marchas, piquetes u otras manifestaciones públicas.

"Quienes violan derechos no deben recibir beneficios económicos del Estado. Por eso hoy presentamos un proyecto de ley provincial para suspender subsidios a quienes corten calles o dañen patrimonio público en los piquetes", indicó Castello en las redes sociales.

El proyecto dispone la suspensión de los beneficios desde el inicio del proceso penal o contravencional, y su efectiva quita en caso de que los mismos lleguen a una condena firme.

 
 

El artículo 2 de la iniciativa indica que estas prestaciones "serán embargables a los fines de la indemnización y reparación correspondientes", mientras que el tercero establece eventual su reinstauración "si la persona humana o jurídica involucrada indemniza a las víctimas y repara los daños causados, u ofrece garantía suficiente a la satisfacción de las víctimas".

 

En los fundamentos esbozados para justificar la medida, Castello argumentó que la "ayuda social" del Estado es "a veces canalizada a través de numerosas organizaciones sociales", pero que, "lamentablemente, en los últimos años muchas de las organizaciones sociales se han politizado al extremo y se han transformado en fuerzas políticas en sí mismas, convirtiendo su principal actividad en organizar protestas y manifestaciones de manera constante y sistemática, acudiendo casi siempre al corte total o parcial de calles, avenidas y rutas en todo el país".

 

Y continuó: "La cantidad de piquetes, como se conoce a las interrupciones totales o parciales de la vía pública, ascendió a la escalofriante suma de 5857 en todo el país, a un promedio de 16 por día, uno cada hora y media. Nuestra provincia de Buenos Aires encabezó este triste ranking con 1269 piquetes en el año, uno cada siete horas".

No obstante, Castello reconoció que "el derecho a la protesta debe ser pacífica y debe terminar cuando comienza el derecho de los ciudadanos a transitar libremente".

En esta línea ya se había expresado la líder de la Coalición Cívica y socia fundadora de Cambiemos, Elisa Carrió, quien el 26 de enero dijo en un programa de televisión y luego reprodujo en las redes que "no se pueden hacer manifestaciones mientras se cobra un subsidio del Estado". " Me gusta el agua para repeler manifestaciones porque calma, luego se van a su casa calmados", agregó la diputada en esa oportunidad.

 

FUENTE: INFOBAE