Son Diego de la Fuente y Lionel Selva, ex jefes de Delitos Federales.

El martes los habían cambiado de destino, pero tras los allanamientos de la Justicia los suspendieron.

Virginia Messi

A veces la vida cambia muy muy rápido. Hasta el lunes pasado los comisarios Lionel Selva y Diego de la Fuente estaban a cargo del Departamento Delitos Federales de la Policía Federal, un área popularmente conocida por llevar adelante importantes -y coloridos- secuestros de mercadería ilegal o de contrabando.

Un día después -a través de la Orden del Día N° 117 del martes 30 de junio- se los separó y transfirió a dos destinos de freezer. Selva -como adscripto (sin funciones específicas)- fue designado en la Superintendencia de Investigaciones, mientras que De la Fuente fue enviado al Área IX Morón para quedar bajo el mando del comisario inspector Luis Humberto Hernández, hermano del jefe de la Fuerza.

Tal vez la idea era tenerlos cómodos y con bajo perfil, ya que dentro de la Federal se considera a Selva como un hombre de confianza del comisario general Juan Carlos Hernández.

Pero los allanamientos realizados por Gendarmería el miércoles por la mañana en las oficinas de los oficiales y en sus domicilios apuraron los tiempos. Casi sobre la medianoche del miércoles 1° de julio sus nombres fueron incluidos en la Orden del Día N° 118: ambos quedaron en disponibilidad.

Por orden del jefe de la PFA, Selva y De la Fuente pasaron a revistar bajo el artículo 48 de la ley orgánica de la Federal: "Revistará en disponibilidad (...) El sumariado administrativamente por causas graves, si lo dispone la autoridad policial competente por sí, o a solicitud del órgano disciplinario instructor hasta tanto se dicte la resolución definitiva, pudiéndose dejar sin efecto en el transcurso del procedimiento".

Si bien la causa contra ambos jefes policiales explotó públicamente el miércoles, cuando desde el Juzgado en lo Penal Económico 2 partieron las órdenes de allanamiento, la investigación llevaba varios meses.

Todo comenzó con una denuncia de la empresa Samsung a principios de año para que se investigara el posible contrabando de aparatos de de telefonía celular de alta gama de esa marca.

El caso, radicado en el juzgado Penal Económico N° 2, fue encomendado a Delitos Federales y llevó al allanamiento de un importante comerciante de la comunidad judía ortodoxa.

Este hombre habría sufrido el robo de 10 mil dólares, material electrónico y también las burlas policiales por sus creencias religiosas. Sin embargo, no fue él quien denunció a los policías.

Poco después llegó un mail anónimo a la dirección de correo electrónico del juzgado en el que se contaba que en el allanamiento de la causa Samsung los policías se habían robado 10.000 dólares y habían insultado y extorsionado al comerciante que vendía los aparatos de contrabando. Ese mismo anónimo sostenía que todo el negocio iba para arriba en la jerarquía policial hasta llegar al comisario general Juan Carlos Hernández.

Luego de semanas de investigación realizada en plena pandemia se llegó al momento de los allanamientos. Éstos tuvieron como objetivo juntar prueba ya que no hubo ordenes de detención. Al parecer, la idea del juzgado sería reunir elementos y luego pasar la causa al fuero federal, que es el que posibilita indagar a los funcionarios policiales.

En el expediente ya existen algunas declaraciones coincidentes y los allanamientos del miércoles fueron considerados exitosos. Un ejemplo fue lo que ocurrió en uno de los domicilios relacionados con el comisario De la Fuente, en Castelar. Él no estuvo presente porque se encuentra internado en el Hospital Churruca con diagnóstico de Covid-19​ positivo.

Allí, en Castelar, en un auto de la familia estacionado frente en la casa de su padre, se secuestraron cerca de seis mil paquetes de cigarrillos de una segunda marca de Industria Nacional. En el mismo lugar se encontraron zapatillas, máquinas de afeitar y 700.000 mil pesos.

"Las sospechas son que se trata de mercadería de distintas causas del fuero Penal Económico que fueron robadas en lugar de haber sido secuestradas. Por eso se hará una pericia y rastreo con esa mercadería", explicaron a Clarín fuentes del caso.

Tal vez el detalle más oscuro de los operativos del miércoles ocurrió en un allanamiento en Ituzaingo. Allí, según el acta de Gendarmería, se hizo presente el comisario inspector Luis Humberto Hernández (hermano del jefe de la PFA).

Como responsable del area Morón de la Policía Federal, el procedimiento de Gendarmería se estaba haciendo en su jurisdicción. Ese es un dato. Otro no menos importante es que uno de los involucrados había sido puesto bajo su ala apenas unas horas antes.

EMJ
CLARIN


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