En la provincia se incautaron 126.000 kilos de marihuana el año pasado, el 68,5% de todo lo que se secuestró en el país. Los presos superaron las capacidades de seccionales, escuadrones y cárceles.

 

En diciembre, la Policía de Misiones incautó 2 toneladas de marihuana que eran transportadas en un camión y alcanzó las 18 toneladas secuestradas en 2018.

Decenas de toneladas de drogas, cientos de detenidos, miles de expedientes y una vieja y vetusta unidad penal. Esa es la realidad que enfrentan los jueces federales de Misiones que luchan contra el narcotráfico y que hoy no tienen dónde alojar a los presos que por una u otra razón se convirtieron en engranajes de las bandas que lucran con la adicción.

Detenidos alojados a 3.500 kilómetros, reos hacinados en comisarías y escuadrones de Gendarmería o Prefectura, procedimientos demorados por la falta de lugares de alojamiento para los presos son los elementos que completan el panorama.

El problema se agravó a partir de fines de 2015, cuando la Policía de Misiones dio un golpe de timón y se involucró con intensidad en la lucha contra el narcotráfico, sumándose a las fuerzas federales. Así, se multiplicaron los decomisos de grandes cargas; y también el desbaratamiento de kioscos dedicados a la comercialización de estupefacientes.

Según datos oficiales del Ministerio de Seguridad de la Nación, Misiones encabezó el año pasado el ránking de secuestros de marihuana: 126.581 kilos (68,5% del total). En todo el país hubo 87 arrestos por narcotráfico cada 24 horas, buena parte de los cuales fueron en esta zona.

Estas cifras tuvieron fuerte impacto en la provincia, donde las fuerzas federales y la Policía de Misiones tuvieron que destinar lugares y personal para custodiar a los presos que ya no caben en la vieja Unidad Penal Federal 17, que está a 30 kilómetros de Posadas.

 En distintas dependencias de la Policía provincial hay poco más de un centenar de personas alojadas a disposición de los jueces federales. Un tercio son mujeres.

Un convenio firmado entre la provincia y la Nación permite alojar a los reos federales en las cárceles que dependen del Servicio Penitenciario local. Fue una solución que duró apenas cuatro meses, aseguran desde la Procuración Penitenciaria de la Nación. En la cárcel de Loreto hay 29, de los cuales 18 son condenados. En Eldorado los internos son siete y en la Unidad Penal de Menores hay otros 18.

En la Unidad de Encausados de la Provincia suman 23 los detenidos federales y ya no quedan lugares disponibles.

 

Funcionarios de la Procuración admitieron que la situación es muy grave y los obliga a realizar constantes presentaciones para que los jueces federales busquen mejorar las condiciones de detención.

“Un preso que está en una comisaría o un escuadrón de Gendarmería no puede acceder a los beneficios que prevé la Ley 24.660. No puede trabajar ni estudiar, no tienen lugares de recreación y casi siempre están hacinados”, sostienen los funcionarios con preocupación.

Y relatan casos dramáticos. En la Prefectura de Corpus hallaron diez presos en un pequeño calabozo lleno de humedad y con capacidad para dos.

En un Escuadrón de Gendarmeria se toparon con un hombre de 76 años que tenía problemas de movilidad y residía con otros catorce internos en una celda originalmente prevista para seis personas.

En la Policía ven con preocupación el creciente números de detenidos federales que terminan en las comisarías. “Nuestros hombres no están preparados para cumplir esa función”, se sinceró un comisario.

La semana pasada, en el Escuadrón XII, un joven que estaba detenido por narcotráfico desde noviembre del año pasado logró escapar y cruzar la frontera para desaparecer en territorio brasileño.

Sólo el Juzgado Federal de Eldorado, en la zona norte de la provincia, tiene 251 detenidos por tráfico de drogas, cifra que supera holgadamente la capacidad de alojamiento de la cárcel federal, la única instalada en Misiones, que puede albergar a 207 internos.

 

“Tengo detenidos en Río Gallegos, en Salta, en los escuadrones de Gendarmería, en la Prefectura, en la Policía de Seguridad Aeroportuaria, en comisarías de la Policía de Misiones y hasta en la Unidad Penal 3, que depende del Servicio Penitenciario Provincial”, sostuvo, resignado, el juez federal Miguel Ángel Guerrero.

El magistrado conoce como pocos la realidad con la que debe batallar a diario. Cada vez que firma una orden de allanamiento o detención, debe empezar a buscar un lugar donde alojar a los narcos. “No es un problema nuevo. Ya a fines de los 90, con el entonces juez federal Mario Hachiro Doi habíamos planteado la necesidad de contar con otra unidad penal en la provincia o algún lugar adecuado para tener a las personas vinculadas a las investigaciones”, recordó Guerrero.

El juez, que cuenta con apenas ocho empleados en la Secretaría Penal, sostiene que “los presos que están cerca son un problema, y si están lejos el problema es mayor. Hoy en día estamos agilizando los procesos con videoconferencias, pero para eso debemos molestar a otros juzgados federales para trasladar a los reos hasta las salas para poder notificarles del avance del proceso”.

Guerrero, que anteriormente se desempeñó como secretario en el juzgado que ahora timonea, dijo que “en su momento propusimos que algunas barracas del Ejército fueran reconvertidas, cercadas y dotadas de custodia del Servicio Penitenciario Federal para así ampliar la capacidad de alojamiento sin grandes gastos”. La idea no tuvo eco.

Si bien destaca las bondades de una política de seguridad agresiva, el juez admite que no existe la misma política desde el Ministerio de Justicia, que dirige Germán Garavano.

Para el juez, en Misiones debería haber un nuevo complejo penitenciario con lugares para prevenidos, condenados, mujeres y hasta las minorías sexuales. “Ahora tenemos alojados en un sector aislado a tres personas transgénero y estamos esperando que se produzcan vacantes en Ezeiza para trasladarlas”, contó Guerrero.

La Ley 24.660 deja en claro que los procesados y condenados deben estar bajo vigilancia del Servicio Penitenciario Federal, pero la realidad hace que estén “en lugares inadecuados ediliciamente y con gente que los custodia que no esta preparada para cumplir esa función”, admite el juez, que no se cansa de plantear a los funcionarios nacionales el grave problema que enfrenta al momento de firmar un procesamiento o una orden de detención.


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