Según datos oficiales, de mayo de 2018 a enero de 2019 se enviaron 10.992 solicitudes a los magistrados. Sólo respondieron 857.


Por Martín Candalaft

"¿Por qué los jueces se rehúsan?". La pregunta la hacen las Madres del Dolor. No hay mucha explicación. La justicia no tiene argumentos. La creación del "Registro de violadores" fue sancionada por el Congreso en el año 2013. La idea fue implementar una base de datos con el material genético de todos los condenados por delitos sexuales. Recién comenzó a funcionar en mayo del 2018. En los 9 meses que lleva vigente, los jueces respondieron sólo un 7% de las solicitudes que recibieron para autorizar la extracción de la muestra de ADN a los sentenciados. El resto están guardadas en un cajón. La indignación del Gobierno y de los familiares de las víctimas va en aumento. Infobae accedió a la totalidad de los datos.

La letra de la ley 26.879 es clara. El artículo 5 señala que para que una persona aparezca en el registro deberá tener sentencia firme en un caso de delito sexual. También indica que sólo el juez puede autorizar la extracción de la muestra para incluirlos. Según datos oficiales, de mayo de 2018 a enero de 2019 se enviaron 10.992 solicitudes a los magistrados. Sólo respondieron 857.

El Registro Nacional de Datos Genéticos (RNDG) fue creado por el Ministerio de Justicia para recopilar la información de aquellas personas que están en condiciones de integrar el registro. Trabaja en colaboración con otras áreas a las que le solicitan información para completar los datos de cada individuo. Nombre, DNI, nacionalidad, antecedentes, domicilio, alias, etc. También se trabaja para conocer cuál es su localización actual. Si permanece en alguna cárcel o tiene libertad condicional. Una vez que esa "ficha" está completa se envía el pedido al juez que lleva adelante la causa del delincuente condenado para que firme la autorización. La gran mayoría están cajoneadas. No las responden.

Peor aún. No sólo en los ya condenados los magistrados evitan autorizar las extracciones. En las personas que fueron sentenciadas después de puesta en funcionamiento la ley, también. En el texto se establece que el juez "deberá disponer dentro de los cinco días hábiles posteriores a quedar firme la sentencia, la obtención del perfil genético del condenado". En el tiempo que lleva funcionando este banco de datos, se firmaron menos de 10 permisos. Cifras muy escasas.

"Entendemos que para los jueces también es un cambio. Es algo nuevo que antes no se hacía. Yo me encargo muchas veces de llamar a los juzgados para pedirles a los magistrados que autoricen las extracciones. Parte de mi equipo en determinadas ocasiones recorre juzgados para ayudar a que el trámite se agilice", señala Jorge Dotto, médico genetista y titular del Registro.

La toma de la muestra propiamente dicha, consiste en introducir en la boca del violador un hisopo para sacar una gota de saliva. Eso alcanza para enviarlo al laboratorio y producir el perfil genético. No resulta invasivo. Sin embargo, no todos los detenidos se prestan. Uno de los que se rehusó fue Jorge Mangeri. El portero del edificio de Ravignani 2360, condenado a prisión perpetua por abusar y luego asesinar a Ángeles Rawson se negó. Se espera que luego de la feria, el juez de ejecución a cargo ordene que el perfil de Mangeri se genere con el material genético que consta en la causa. Es decir, el que se encontró en el cuerpo de la víctima.

"Para que le enviemos el pedido al juez tienen que estar todos los datos del individuo completos. Una vez que el magistrado lo autoriza se verifica si el violador está detenido. En caso de que lo esté, el personal médico del Servicio Penitenciario toma la muestra. Luego ese material genético se envía a un laboratorio que genera el perfil y finalmente nosotros lo ingresamos a un sistema llamado CoDIS, que fue provisto gratuitamente por el FBI norteamericano", aclara Dotto.

Ante la pobre respuesta del poder judicial a las solicitudes, hace dos semanas el Ministro de justicia Germán Garavano, mantuvo una reunión con Juan Carlos Gemignani, presidente de la Cámara de Casación Penal. El objetivo de la reunión fue interiorizar al magistrado de la situación y presionar para que los magistrados comiencen a cumplir la ley. Los presentes en ese despacho señalan que el flamante titular de Casación quedó impactado ante los datos.

También estuvieron presentes algunas representantes de Madres del Dolor, como Silvia Irigaray. "Le planteamos nuestra preocupación por la falta de compromiso de los jueces ¿porque se niegan a cuidarnos?. El Dr. Gemignani se comprometió con nosotras a reunirse con los jueces para que no se rehúsen más a fortalecer el Registro".

Quizás el caso más emblemático para entender la importancia del "Registro de violadores" es el de Lucila Yaconis. Hace casi 16 años, a pocos metros de las vías del Tren Mitre, en Núñez, la joven de 16 años fue atacada por un hombre. Intentó violarla y como se resistió la asesinó. Aún sigue sin saberse quién fue el responsable.

"Era abril de 2003. Me costaba respirar. El asesino de mi hija había dejado material genético para realizar un ADN. Poco sirvió lograr ese hallazgo. La muestra sólo se pudo cruzar con una pequeña cantidad de condenados sexuales que habían recuperado su libertad. Cómo no había un registro de condenados por delitos sexuales, era imposible encontrar al autor del hecho", dijo Isabel, la mamá de Lucila.

En el caso de Lucila, ese ADN sin identificar encontrado en su cuerpo, integra actualmente una parte del registro. La esperanza de esta mujer es que cuando la base de datos comience a nutrirse aparezca una coincidencia para de una vez por todas ponerle nombre y apellido al asesino de su hija.
INFOBAE


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