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Frente al recrudecimiento de los asesinatos y robos violentos, reclaman que el tema esté al tope de la agenda. Los funcionarios ya están “enfrascados en la elección del año que viene”, denuncian.

Y advierten que “si el Estado no está presente”, los vecinos quedan “a merced de los que delinquen”
Por Claudia Peiró

"Están mirando otra realidad y por ello, para obligarlos a poner en agenda los asuntos urgentes que tiene la ciudadanía por la inseguridad, venimos los abajo firmantes a solicitarle al Concejo Municipal de Rosario que DECLARE LA EMERGENCIA DE SEGURIDAD para toda la Ciudad", se lee en la nota dirigida al Presidente del Concejo Municipal de Rosario, Alejandro Rosselló, por los integrantes de la Asociación Civil de Vecinos, Familiares y Víctimas de la Inseguridad Rosario, el 24 de septiembre pasado.

Pocos días después, el 2 de octubre, el pedido fue refrendado por la Cámara de Mujeres Taxistas de la Ciudad de Rosario, en otra nota también dirigida a Roselló, para apoyar "la iniciativa del Expediente N. 245.890 – L – 18", iniciado por la citada asociación, "SOLICITANDO A USTEDES que se discuta y DECLARE LA EMERGENCIA EN SEGURIDAD".

La Cámara señala que ve "con mucha preocupación el avance de la inseguridad y sobre todo, de la violencia con la que se llevan adelante los robos, siendo que nuestras trabajadoras taxistas y los compañeros con quienes compartimos la calle, sentimos en carne propia no solamente los hechos delictivos, sino también el temor de nuestra sociedad por lo que estamos viviendo en la Ciudad".

"Lo que pedimos es que se declare la Emergencia en Seguridad, a nivel del municipio -explicó Ezequiel Lowden, miembro de la Asociación de Vecinos, a Infobae-. La respuesta es que no pueden, que no tienen injerencia, que no tiene potestad. Los funcionarios provinciales y municipales se pasan la pelota entre ellos, y nosotros vamos de reunión en reunión y en todos lados se lavan las manos".

El pedido se funda en "la manera en la que recrudeció la violencia entre las bandas criminales que azotan los barrios de la Ciudad" y en el hecho de que "a raíz de la falta de presencia del Estado en estos hechos", los vecinos han tenido que autoconvocarse en distintos barrios para intentar defenderse ante esta situación.

Lowden recuerda lo que pasó en 2014, "cuando vinieron las fuerzas federales por la crisis de seguridad y el gobierno provincial les decía que no se fuesen porque ellos no podían asegurar esas funciones".

"Nuestro propósito es poner el tema en agenda -insiste-. Lo gracioso es que en el Concejo de la Municipalidad de Rosario hay una Comisión de Seguridad. Entonces, para que este órgano cumpla realmente su función qeremos esta declaración de emergencia, como forma de poner el tema en primer plano. Eso permitiría hacer un seguimiento mensual a través de un comité de crisis, integrado no solo por el Poder Ejecutivo, los legisladores y la justicia, sino también por las asociaciones con personería jurídica".

Ya que no nos garantizan la seguridad, ya que no se hacen responsables, por lo menos que nos faciliten estas medidas de prevención (Lowden)

En la nota presentada al Concejo, hay otro reclamo, que concierne al Banco Municipal de Rosario: "Como sabemos que la situación socioeconómica es crítica -explica Lowden-, queremos que se habilite una línea de créditos blandos para que los comercios y los taxis puedan equiparse en materia de seguridad: rejas, videovigilancia, alarmas, mamparas para los taxistas, botón antipánico, conexión directa con las comisarías, etcétera".

"Ya que ellos no nos garantizan la seguridad, ya que no se hacen responsables, por lo menos que nos faciliten estas medidas de prevención", sentencia.

Los vecinos rescatan, eso sí, la buen disposición de los legisladores que integran el Observatorio Social, que recorre los barrios escuchando a los vecinos, cuya principal preocupación es siempre la inseguridad. "De la misma manera, debemos resaltar la ausencia de funcionarios de la Intendencia, el Poder Ejecutivo Provincial y el Poder Judicial de Santa Fe", dice la nota presentada al Concejo.

En efecto, en teoría, el Observatorio debe estar integrado también por funcionarios de los otros dos poderes -ejecutivo y judicial- que, dicen, brillan por su ausencia, lo que se ve "reflejado en la falta de presencia (estatal) en los barrios".

Ello, a pesar de que desde las reuniones del Observatorio Social "se desprende -dice el texto- que los hechos son similares y afectan por igual a todos los barrios: hurto, robos a mano armada, arrebatos y ejercicio de una violencia inusitada en la comisión de los mismos por parte de delincuentes".

"Es tal el descontrol de las calles -denuncian-, que los delitos se cometen durante el día y a la noche de manera indistinta".

Entre los reclamos más frecuentes, escuchados en casi todos los barrios por los cuales pasó el Observatorio está la falta de patrullaje y de controles de vehículos y motos, la escasa iluminación de las calles, la falta de poda, las pocas cámaras de videovigilancia, entre otros.

¿De qué serviría la declaración de Emergencia en Seguridad? "En primer lugar es reconocer el problema -responde Lowden- y poder focalizarnos en resolverlo. Acá en cambio ya están pensando en la campaña electoral del año que viene. Esto también permitiría una evaluación mensual de la ejecución presupuestaria y definir prioridades. En la Comisión de Seguridad actualmente tenemos sólo dos votos a favor de esta Declaración, frente a 4 en contra. Lo que pasa es que están discutiendo sus alianzas electorales".

La Asociación que integra Lowden, que ya tiene personería jurídica, está tratando de poner en contacto con otras similares, para poder armar una mesa. También con los sacerdotes amenazados por el narco.

"La capilla con los disparos es una imagen fuerte de lo que significó ese atentado. Clubes, iglesias, cursos de formación, todo eso les sirve a los jóvenes para estar menos en la calle. Hay sectores a los que no les interesa que esto suceda".

El pasado 28 de septiembre, el Arzobispo de Rosario, monseñor Eduardo Martín, ofició una misa por la paz, para que "no se siga traficando, repartiendo armas y matando gente". Fue en la parroquia María Reina, que había sido atacada a balazos unos días antes, en un probable atentado narco.

En muchos barrios, ante la ausencia de Estado, los curas son la última frontera contra el narco

Al reclamar a "las autoridades", a la "clase dirigente", que "ponga el ojo en esta cuestión", monseñor Martín denunció: "En nuestra ciudad día por medio tenemos un muerto por la violencia, armas desparramadas por todos lados y dinero negro que corre a raudales. Y nadie se puede hacer el distraído en este momento. Nadie puede mirar para lado".

"Ciertamente la Iglesia necesita ser una presencia en los lugares más postergados, olvidados o necesitados como hoy también son tantos jóvenes nuestros que sufren la esclavitud de la droga que destruye y desarma humanamente", dijo el Arzobispo que de este modo subrayó un hecho que debería interpelar a nuestros políticos: en muchos barrios de todo el país, la iglesia es con frecuencia la última frontera contra el narco.

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