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Fue por orden del juez Claudio Bonadío en oficinas de la Municipalidad, en la causa que investiga los fondos nacionales girados para viviendas en el barrio Doctor Montaña, que no se realizaron durante la gestión de Ríos.

PUBLICADA EN LA REPUBLICA
La Policía Federal, por pedido del juez Claudio Bonadío, ordenó ayer allanamientos en dependencias de la Municipalidad de la capital correntina en el marco de la causa Techo Digno, donde se investiga el desvío de la primera etapa de los 30 millones de pesos que tenían por destino la construcción de 200 viviendas.
El allanamiento sucedió en las oficinas del edificio municipal, donde personal policial arribó e informó a los funcionarios que debían realizar un procedimiento para encontrar documentación sobre el barrio Doctor Montaña, de la capital provincial. El secretario coordinador, Hugo Calvano, informó a los medios: “Nos tomó por sorpresa. Pero nos pusimos a disposición de la Justicia, y nuestro servicio jurídico está acompañando a los inspectores. La búsqueda de información incluye a varias oficinas municipales”.
Se trata de las unidades habitacionales que se debían construirse con financiación nacional, que fueron administradas por la Municipalidad de Corrientes durante la gestión del intendente kirchnerista Fabián Ríos. Estas ahora pasaron a órbita del Gobierno provincial tras la polémica generada por los fondos de obras, que fueron difundidas por informes periodísticos de la Capital Federal. Mediante el programa Techo Digno, la gestión de Ríos debía avanzar con la construcción de unas 200 viviendas en los terrenos del barrio Doctor Montaña.
Las casas fueron certificadas por la administración del jefe comunal K en un avance de obra superior al 6%. Sin embargo, una verificación posterior realizada por inspectores del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda observó que fue del 0%. Es decir, no se habría concretado ninguno de los trabajos que la Municipalidad dijo haber ejecutado para solicitar luego la remisión de nuevos fondos.
El intendente Ríos había asegurado que se trató de un “operativo de prensa” en su contra dada la cercanía de las elecciones municipales del 4 de junio, a través de las cuales pretendía continuar en el cargo. De hecho para buscar menguar el daño que representó el misil bajo la línea de flotación de la prensa nacional,  había solicitado al Concejo Deliberante una sesión especial donde buscó justificar lo injustificable.
Fue un pedido al cuerpo para que resuelva interpelarlo con el fin de darle las explicaciones necesarias a la ciudadanía. El jefe comunal también presentó un escrito ante el Ministerio Público Fiscal Federal para que la Justicia lo investigue. Por ello, este allanamiento que llegó ayer y busca echar luz respecto del destino de los fondos que estaban destinadas a casas sociales que no se habían iniciado.
Esta investigación se dio a partir de un profundo control que inició por parte de la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, a cargo de Iván Kerr, el cual abarcó a todas las provincias del país donde se habían enviados fondos nacionales con el fin de avanzar en la construcción de casas sociales.
Desde la Secretaría de Kerr temían que el caso emblemático que había ocurrido en la localidad correntina de Perugorría, el cual tuvo trascendencia nacional, se replicara en otras provincias del país. Por ello comenzaron una auditoría de todas obras que se realizaban con fondos de la Nación.
En Perugorría, hay una causa al respecto donde se investiga el destino de dineros enviados por la administración nacional para la construcción de 40 viviendas sociales que jamás se realizaron. De hecho, el plazo para la finalización era 2015, pero hasta 2016 no se había puesto un ladrillo en el lugar, lo que quedó reflejado en otro informe de la prensa nacional que investigaba la corrupción kirchnerista a partir de la obra pública. Obviamente, tanto la Capital como Perugorría eran municipios administrados por intendentes que levantaban las banderas de Perón, Evita, Néstor y Cristina, defensores a ultranza del extinto modelo nacional y popular.
Una de las líneas investigativas que sigue tanto la justicia federal como la provincial en el caso de Perugorría es determinar si el dinero llegado de la Nación fue a parar a la caja política para solventar los gastos de campaña del Partido Justicialista. Especialmente si la exintendente Angelina Lesieux hizo el aporte para la campaña del hoy senador nacional Carlos Mauricio Camau Espínola.

Miércoles, Diciembre 19, 2018
Profesores Osuna y Vivaldo ENET Nº 1

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