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Con respecto a los jueces, mantienen que solo estarán alcanzados quienes se incorporen en 2017. También buscan que se exceptúe del impuesto a las jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios "de cualquier especie".

En el caso de los judiciales, el proyecto argumenta: "Eximir de Ganancias a jueces y empleados del Poder Judicial le cuesta al Estado más de 5 mil millones de pesos por año, según la ley de Presupuesto 2017. Creemos que resulta necesaria esta nueva modificación que proponemos, a fin de hacer efectiva la garantía del artículo 16 de la Constitución Nacional, que establece la igualdad como base del impuesto y de las cargas públicas, que lejos está de vulnerar la intangibilidad de las retribuciones de los jueces, toda vez que la misma, en una interpretación armónica de la Carta Magna, no pueden referirse a obligaciones tributarias que la propia Constitución prevé expresamente, y ha sido establecida como garantía de la independencia judicial y no como una prerrogativa personal de los magistrados".

Al respecto, Carrió sentenció: "Cuando la Corte dijo en su comunicado de diciembre pasado que solo los funcionarios y empleados del Poder Judicial que ingresaron en 2017 pagarán Ganancias, hace una interpretación errónea de la Constitución y se está arrogando facultades que son exclusivas del Poder Legislativo".

En relación a los jubilados, la diputada declaró que comparte el fallo que declaró inconstitucional que paguen Ganancias y la iniciativa presentada especifica: "Se elimina toda retención en concepto de ganancias, respecto de las jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de cualquier especie en cuanto tengan su origen en el trabajo personal, toda vez que resulta injusto y excesivamente gravoso, que quienes han tributado ganancias durante su vida laboral, lo deban hacer durante su retiro".

Para justificar esta presentación, Sánchez y Carrió explicaron: "A fines del año pasado, en sesión extraordinaria, se sancionó la Ley 27346, mediante la cual se llevaron adelante importantes y necesarias reformas impositivas, a fin de llevar mayor equidad al esquema impositivo de nuestro país y específicamente, en relación a los trabajadores de los diferentes sectores, públicos y privados. Se produjo un gran debate y una fructífera negociación parlamentaria, pero en algunos puntos, nos hemos quedado a mitad de camino".

Asimismo, dentro del proyecto incluyeron un pequeño resumen de lo que fue la historia del impuesto a las Ganancias con respecto al Poder Judicial: "Desde que se sancionó la Ley Nº 20.628, primera Ley de Impuesto a las Ganancias, en el año 1973, los magistrados y empleados del Poder Judicial y del Ministerio Público han omitido el pago de ganancias, a diferencia del resto de los funcionarios y empleados públicos y de los particulares. Esa ley había exceptuado expresamente a los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, miembros de tribunales provinciales, vocales de las Cámaras de Apelaciones, jueces nacionales y provinciales, y funcionarios judiciales nacionales y provinciales que tuvieran asignados sueldos iguales o superiores a los de jueces de Primera Instancia. Sin embargo, ante la evidente desigualdad que planteaba la misma, se decidió modificar esa situación, y en el año 1996, mediante la Ley 24.631, se derogaron los incisos de la Ley Nº 20.628 que excluían del gravamen a funcionarios y magistrados del Poder Judicial. La Acordada 20/96 de la Corte Suprema declaró la inaplicabilidad de esta ley, ya que sostiene que afecta "la independencia del Poder Judicial".

 

Viernes, Enero 19, 2018

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