El Presidente tomó esa decisión tras el fracaso del plan que impulsó Omar Perotti para crear un fideicomiso con participación estatal.

Con un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia, el presidente Alberto Fernández anuló el DNU 522 que dispuso hace más de un mes la intervención transitoria de la cerealera Vicentin, que había sido dictada para intervenir la compañía.

 

La decisión del Presidente llegó luego de que el gobernador santafesino Omar Perotti diera por terminado su intento de poner al frente del grupo concursado un interventor nombrado por la provincia.

 

El plan de Perotti no prosperó a pesar de las gestiones que se realizaron ante el juez de Reconquista que está a cargo del concurso de acreedores de la cerealera, Fabián Lorenzini. El jueves, hubo reunión en la que los representantes de la provincia y de la empresa intentaron sin éxito avanzar para crear un fideicomiso que se haga cargo de la conducción de la forma.

Esa fue la segunda reunión de conciliación de las partes convocada pro el magistrado. La intención de Perotti, que respaldaba el presidente Fernández, era la de crear un fideicomiso con participación estatal y remover a los integrantes del directorio de la empresa.

Si bien el titular del juzgado Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista dejó las puertas abiertas para retomar el diálogo, las autoridades santafesina dieron por "cerrado el capítulo" y aguardarán que el magistrado resuelva el planteo de intervención interpuesto por la provincia.

Pero el magistrado ya había rechazado la designación de los interventores del Gobierno, que apenas después de la presentación del DNU 522 del 9 de junio, habían ingresado a la compañía de Avellaneda, Santa Fe.

Lorenzini consideró "veedores" a esos dos funcionarios nacionales y repuso en el manejo de la empresa concursada al directorio que habían nombrado los accionistas de Vicentin.

En una serie de tuits, el Presidente explicó este viernes que "el Estado nacional no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa, ni tampoco integrará un fideicomiso compartiendo la gestión del mismo".

 

"En estas condiciones, no estamos dispuestos a adoptar riesgos que podrían traer como consecuencia la estatización de deuda privada para que los argentinos y las argentinas deban hacerse cargo del irresponsable proceder de los actuales administradores", aseguró, y adelantó que instruyó "a todos los organismos públicos involucrados para que realicen las acciones civiles, comerciales y penales que permitan la recuperación de los créditos reclamados en el concurso preventivo, dirimir responsabilidades y preservar los intereses del Estado".

El propio Presidente consideró como una equivocación su propia decisión, cuando este mes admitió en una entrevista: "Pensé que iban a salir todos a festejar" la expropiación.

En rigor, aquella medida recibió un amplio rechazo de la oposición, de los vecinos de Reconquista y Avellaneda -las ciudades del norte santafesino donde está la sede del grupo empresario-, y también de todo el sector agropecuario y de las principales empresas del país.

El 8 de junio el presidente Fernández encabezó un acto en la Casa Rosada para anunciar su decisión de intervenir al grupo agropecuario que transita desde marzo pasado un proceso de convocatoria de acreedores, en el que los compromisos ascenderían a unos 100.000 millones de pesos, según consta en el expediente.

"Hemos dispuesto una serie de medidas que tienen el propósito de rescatar esa empresa, líder en el mercado agropecuario argentino", dijo el jefe de Estado en aquel momento para argumentar su decisión.

La intervención sería por 60 días porque, adicionalmente, Fernández adelantó que enviaría al Congreso de la Nación un proyecto de ley para concretar la expropiación de la compañía.

La medida no tardó en generar una enorme polémica, donde no sólo los sectores de la oposición encabezados por Juntos por el Cambio salieron a oponerse, sino que se produjeron manifestaciones en todo el país que llegaron a compararse con las protestas que impulsó el campo en 2008 contra la resolución 125 que establecía retenciones móviles a la exportación.

La mayor tensión se produjo el 20 de junio, con el masivo banderazo que tuvo epicentro en Avellaneda, la ciudad del norte de Santa Fe donde nación la compañía y donde actualmente mantiene su sede central. Se reclamó en defensa de la propiedad privada.

Atento al malestar social, el presidente apostó por una propuesta que diseñó Perotti para concretar la intervención en el marco del proceso de convocatoria de acreedores, aunque esa idea tampoco prosperó.

“Pensé que todos iban a salir a festejar y me acusaron de cosas horribles”, reveló Alberto Fernández en unas de sus recientes declaraciones sobre Vicentin. En su entorno, reconocieron que se trató de una decisión apresurada.
CLARIN


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