El Presidente busca ir ganando preponderancia en un sistema de poder donde pesa siempre la sombra de su vicepresidenta.


Eduardo van der Kooy

No es un contrasentido –aunque lo sea– que la política argentina imagine con frecuencia que para progresar debe retroceder. Tal vez, eso ayude a explicar la magrísima ponderación internacional que tiene nuestro país. El gobierno de Alberto Fernández presentó este martes el proyecto de ley que remitió al Congreso con la intención de restablecer un estado de emergencia de dimensión superior al que rigió entre 2002 y 2016. Ese año Mauricio Macri la dejó caer e instaló un espejismo de normalidad institucional que la propia crisis de su administración terminó por destruir.

Para comprender el sentido de las cosas, habría que recordar que la anterior emergencia nació en enero del 2002, bajo el timón inestable de Eduardo Duhalde. Se habló de una “situación excepcional”, que en verdad era. Pero ni Néstor Kirchner, ni Cristina Fernández​ se privaron de aquella herramienta en sus años de apogeo, cuando las estadísticas marcaban que el país crecía a tasas chinas. La emergencia significó la discrecionalidad de los presidentes. También, un Congreso limitado por esa norma.

Remover la memoria no significa desconocer la gravedad de la crisis presente. Aunque resulta ilustrativa sobre la capacidad de la Argentina para escribir su historia circular. La excepcionalidad siempre pareciera transformarse aquí en la norma más aplicada.

Alberto F. posee, indudablemente, urgencias que atender. Llegó a la Casa Rosada con la promesa de reactivar la economía y atender necesidades de los sectores postrados. Para emprender esa tarea busca extraerle al Congreso derechos políticos. Hacerlos propios. Ir ganando preponderancia en un sistema de poder donde pesa siempre la sombra de su vicepresidenta. En ese entramado se empieza a jugar su destino.

El Presidente requeriría, además, superar la primera prueba de fuego a fin de corroborar dónde se encuentra parado. Las listas en Diputados y, en especial, el Senado fueron diseñadas por Cristina. Una repuesta favorable y rápida de ambas Cámaras a la Nueva Ley de Emergencia despejará su horizonte. No tendría en el debut nada que temer: el tándem entre el jefe del bloque oficial, Máximo Kirchner, y el titular de la Cámara, Sergio Massa​, le garantizarán la sesión y el número necesario para sancionar la emergencia. Aún cuando el ex intendente de Tigre, a diferencia del hijo de Cristina, se ocupó de informar sin exactitud a la oposición sobre el contenido de la Emergencia. No sabía que resultaría tan abarcativa.

Incluso más, según la mirada opositora, que aquella que imperó hasta el 2016. Salvo en las facultades tributarias. El proyecto presente concede al mandatario grandes facilidades. Por caso, el artículo 85 le otorga poderes para intervenir en entes autárquicos. La atención, con naturalidad, podría posarse sobre la Agencia Federal de Inteligencia​ (AFI). Uno de los objetivos de cambio de Alberto F., en combinación con el Poder Judicial. La inminente intervención del escondite de los espías podría caer también en manos de un miembro de Justicia Legítima. Como ocurrió con la Oficina Anticorrupción, que quedará a cargo de Félix Crous. En el listado figuran además, entre varios, la AFIP, el ente recaudador, y la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF). Que durante la época macrista cumplió una función activa en las causas de corrupción ligadas a las sospechas de lavado de dinero.

El proyecto establece, por otra parte, el congelamiento de las tarifas de servicios hasta mediados del 2020. Pero le cede al Presidente facultades para intervenir en los entes reguladores. Estos fueron manejados por el kirchnerismo entre 2006-2015. El gobierno anterior hizo en 2017 un proceso de normalización con designaciones por medio de concursos. Fácil comprender la primera decisión; difícil, en cambio, entender esta última.

Como siempre sucede con los congelamientos, tampoco este caso resulta una excepción. Existe una certeza acerca del camino que conducirá hasta julio. Nadie conoce cómo seguiría la historia el primer día de agosto. Menos cómo sería el acople entre el servicio y los costos por la generación de cada uno de ellos. Habría una revisión tarifaria integral.

Entre los paliativos sociales pueden registrarse varios tópicos. Un bono de $ 2 mil para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH); el plan Alimentar, que abona $ 4 mil mensuales a las mujeres embarazadas, que tienen un hijo. Seis mil si poseen dos hijos o mas. Por otra parte, se pagarán dos bonos de $ 5 mil –uno en diciembre y otro en enero-- a los jubilados que cobren el haber mínimo. El resto de los jubilados se vería afectado por la suspensión de 180 días de la fórmula de movilidad. Aquella que, en medio de una batahola callejera, sancionó en diciembre del 2017 la gestión de Macri. Esa fórmula iba atada a la inflación. Hubiera significado un incremento importante (quizás también impagable) debido a la alta inflación de los últimos trimestres. Habrá que ver cómo el Gobierno afronta un problema cuyo desemboque natural siempre es el mismo: el recurso ante la Justicia de los jubilados que se sienten perjudicados.

Al margen de la búsqueda objetiva de alivio para ciertos sectores, las medidas anunciadas por el ministro Martín Guzmán​ también persiguen un fortalecimiento de las arcas. En apariencia, con dos metas: tener el dinero para el socorro de los sectores que lo demandan; evitar que se ensanche el déficit fiscal. Achicarlo, incluso, si fuera posible. La renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional podría entrar en un tramo decisorio a partir de enero.

Con ese fin, Alberto F. subió otros tres puntos (llega a 33%) el gravamen para la soja. El ministro de Economía dijo que esas y otras modificaciones estarían sujetas al diálogo. Quizás lo haya para aflojar tensiones después de una doble actualización en una semana. Nadie espera, de todas formas, un retroceso sustancial.

Primero, porque el Gobierno tomó la ofensiva en su debut y por sorpresa. Segundo, porque el sector agropecuario, en su mayoría, representa el 40% que terminó aglutinándose en torno a Macri. Tercero, porque las entidades rurales no están ahora preparadas para cualquier eventual confrontación. Apenas, para hacer oír su derecho a la queja.

Otro engrosamiento objetivo de la caja sería la cancelación del pacto fiscal que Alberto F. convino con 23 gobernadores. Había sido suscripto en 2017 por 17 de ellos con Macri. Los mandatarios podrán volver a la suba de impuestos. Lo cual implicaría para las provincias un alivio fiscal de $ 60 mil millones. También un freno a las arcas nacionales para asistir necesidades del interior. Los gobernadores prometieron bajar las demandas en la Justicia por las diferencias en la coparticipación.

La respuesta al llamado pareció una buena novedad para Alberto. Se trata del primer gesto de acompañamiento colectivo a 8 días de su asunción. Un compromiso que había divulgado en la campaña. El encuentro tuvo una novedad: la presencia de los tres gobernadores radicales (Rodolfo Suárez, Mendoza, Gerardo Morales, Jujuy, Gustavo Valdes, Corrientes) y del macrista Horacio Rodríguez Larreta.

La asistencia del jefe del Gobierno de la Ciudad tuvo una previa. La cumbre del Presidente con aquellos tres radicales. Donde fue posible disipar un temor: la posibilidad de que la Ciudad se viera enfrentada a la demanda de una parte de su coparticipación.
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El temor no respondió a ninguna paranoia. El jueves pasado, durante un acto en La Matanza, Cristina abogó por una “razonable distribución de recursos”. Se ocupó de un sólo ejemplo: “En Capital hasta los helechos tienen luz y agua, mientras en el Conurbano chapotean en agua y barro”, aseguró.

Solo omitió que es el conurbano, precisamente, donde el peronismo ha gobernado los 37 años de democracia.
CLARIN


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