ROSARIO. El teléfono celular tenía un precio elevado porque contenía información clave de la actividad de su dueño: el narcotráfico. Los efectivos de Delegación Santa Fe de la Policía Federal ofertaron a la pareja de Guillermo Kern, detenido el 4 de abril pasado, 120.00 pesos para recuperar el smartphone, y el pago se concretó en dos veces: 70.000 y 50.000 pesos.

Esa era solo una parte del sistema de recaudación ilegal. El otro era el secuestro de droga que luego se usaba para "embagayar" o "plantar" a supuestos narcos en operativos "exitosos", un logro que utilizaban para extorsionar al vendedor de aquella cocaína a cambio de dinero, en dólares y pesos.

Estos indicios aparecieron en anotadores que fueron secuestrados en la sede de la delegación de la Policía de Santa Fe el 9 de mayo pasado , cuando estaba a cargo del comisario Marcelo Lepwalts, quien entonces fue detenido e inmediatamente reemplazado por Mariano Valdés, el comisario que también quedó preso luego del enfrentamiento a tiros que protagonizó en la autopista Buenos Aires-Rosario con un grupo de personas que le entregaron un bolso que un peritaje de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) determinó que tenía restos de éxtasis y metanfetaminas.

El fiscal federal Walter Rodríguez, que investigó a los policías encabezados por Lepwalts, que fue procesado 30 de mayo junto con los efectivos de esa delegación Cristian Bogetti, Michael Arbildo y Carlos Gómez Navarro, aspira a profundizar la pesquisa sobre cómo funcionaba este sistema de recaudación y si implicaba a funcionarios policiales de mayor jerarquía.

En la investigación se determinó que en Santa Fe existía un "sistema de recaudación ilegal nutrido por utilidades que provenían del narcotráfico". Los policías, según señaló el funcionario judicial, "obtenían dinero y estupefacientes" de parte de narcos que "eran involucrados en procedimientos que eran ocultados" a la Justicia federal. "El dinero era repartido en partes iguales entre los policías" y se retroalimentaba además con el "cobro de coimas a cambio de la cobertura policial", señala el informe judicial.
Una misiva reveladora

La inquietud del fiscal en cuanto a profundizar el sistema de recaudación ilegal de la Federal en la capital santafesina se activó luego de que el 24 de setiembre pasado recibiera una carta anónima que había sido enviada a través de un sistema de cadetería a la fiscalía. Luego, Walter Gómez se presentó y dijo ser el autor de esa nota de siete carillas.

Este hombre es el padre del policía de la Federal Carlos Gómez Navarro, que está preso y formaba parte de la organización que comandaba el comisario Lepwalts.

Gómez describió cómo funcionaba este sistema de corrupción que tenía a los efectivos de la PFA como protagonistas. "En la jefatura de la Delegación Santa Fe cada jefe tiene que cumplir con un mandato de sus superiores, como es Rosario. Se les hace llegar mensualmente un sobre. Cada sobre tiene dinero que va quedando en cada jefe", sostuvo el testigo.

En la causa 12400/17 ya había elementos que describían los métodos de recaudación, como sucedió el 4 de abril pasado durante un operativo antidrogas en la ruta 70, a la altura de la localidad santafesina de Esperanza, donde Guillermo Kern fue detenido con 81 gramos de cocaína y dos teléfonos celulares Samsung. La madre del supuesto narco fue advertida de lo ocurrido por su hijo, según consta en escuchas telefónicas del 5 y el 8 de abril pasado, días después de aquel procedimiento. "Me robaron todo y me llevaron los celulares", le dijo.

La pareja de Kern señaló luego, según se desprende de otra escucha: "Quiero recuperar el teléfono chiquito, pero me van a cobrar una plata".
"Todo para todos"

Tras la declaración del nuevo testigo se profundizó la investigación y se analizó el teléfono del policía Carlos Gómez Navarro. La información hallada en este smartphone, analizada por el Organismo de Investigaciones de Santa Fe, corroboró lo que decían los familiares del narco detenido en cuanto a lo que cobraban de manera ilegal los efectivos de la PFA: "Pagó 70, más lo que había puesto el otro día, 50".

El Organismo de Investigaciones, que depende del Poder Judicial de Santa Fe y está a cargo de Marcelo Saín, que este lunes será designado ministro de Seguridad de Santa Fe, señala que "las órdenes recaudatorias funcionaban como un cuerpo unificado, respecto de la verticalidad".

En un diálogo mantenido entre Gómez Navarro y Michael Arbilla, ambos policías de la Federal en Santa Fe, admitieron que la recaudación de coimas y extorsiones era repartida entre "todos por igual".

"Eso es lo bueno de este grupo", reflexionaba el primero, a la vez que revelaba un detalle de color: "Se hace un fondo común para el asado".
Antecedente en Córdoba

El fiscal Rodríguez señaló otro punto llamativo de esta trama que aporta elementos para entender cómo se conformaban estos grupos. Los policías Bogetti, Bustos y Duarte -que integraban el equipo liderado por el comisario Lepwalts- cargaban sobre sus espaldas con antecedentes similares a los que después se investigaron en Santa Fe.

Los tres habían sido pasados a disponibilidad el 3 de abril de 2017 por un caso en el que habían estado involucrados en Villa María, Córdoba, donde se desempeñaban en ese momento. En la causa judicial, un supuesto narco, Santiago Olivero, declaró: "La policía nos quita la droga y después la vende". Lo llamativo es que a los tres efectivos se les levantó aquel estado de disponibilidad el 23 de marzo de 2018, cuando Lepwalts fue designado en Santa Fe, adonde el trío fue trasladado.
Por: Germán de los Santos
LA NACION


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