Si bien es cierto que la Argentina vive en estos días, en su transición hacia la asunción de las nuevas autoridades nacionales, una situación de relativa calma que desentona con el clima social de violencia que ha venido caracterizando a países vecinos, hay motivos para estar alertas.
 
Particular preocupación debe provocar el reciente hallazgo de un arsenal en sedes de una organización piquetera. El descubrimiento se produjo a partir de la detención de dos personas que, en la madrugada del 10 de octubre, cuando eran perseguidos por efectivos policiales, hicieron detonar desde su moto una bomba en el barrio porteño de Constitución. En posteriores allanamientos, se secuestraron armas largas y cortas, explosivos con detonadores a distancia, municiones y tres camionetas con pedido de secuestro. Una de estas estaba preparada para ser encendida con control remoto, por lo cual los investigadores sospechan que estaba lista para ser utilizada en un atentado como coche-bomba. Junto al arsenal, secuestrado en viviendas de Berazategui, Florencio Varela y Almirante Brown, se encontraron banderas de la agrupación piquetera MP 22 de Agosto -organización que surgió como un desprendimiento del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP)-, a la que pertenecen los delincuentes detenidos.
 
Las investigaciones permitieron identificar a más integrantes de la banda y a dos de sus cabecillas, que también fueron detenidos. Uno de ellos, Daniel Rodríguez, había sido capturado a fines de 2007 por la toma del edificio del Ministerio de Desarrollo Humano bonaerense, junto a un grupo de 50 activistas que portaban armas de fuego, palos y bombas molotov, y condenado a nueve años de prisión por ese hecho en 2010.
 
 
El grado de sofisticación que mostraron los detenidos tras los allanamientos, al igual que las pistas que conducirían hacia la Triple Frontera, donde se habrían nutrido de armas y elementos explosivos, hacen sospechar a las autoridades que los integrantes del grupo podrían haber recibido ayuda desde fuera del país. De hecho, tendrían lazos con un grupo extremista chileno que se adjudicó recientes atentados en ese país.
 
El vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, no dudó en calificarlos como "un grupo terrorista".
 
Con frecuencia asistimos a movilizaciones y piquetes organizados casi militarmente por agrupaciones sociales cuyas banderas no son de colores celeste y blanco, sino de un intenso y uniforme color rojo, representativo del deseo de transformar a la Argentina en un presunto "paraíso socialista" como Cuba.
 
No se trata de generalizar, pero sí de advertir que, entre quienes llevan a la calle sus reclamos, habitualmente asociados a ayudas sociales que no siempre terminan en los bolsillos de los que más sufren, hay activistas que solo piensan en sembrar escenarios de violencia que provoquen una situación de conmoción social.
 
La acción de estos grupos de choque que están entre nosotros obliga a actuar con especial responsabilidad a las actuales y a las próximas autoridades, al igual que a dirigentes sociales que, como Juan Grabois, han imprudentemente advertido que "hay mecha corta en la Argentina y no hay margen para nuevas decepciones",
 
Las autoridades deben estar preparadas para mantener el orden público y asegurar la paz social. Aquella que supone, de inicio, que el poder político surge de las urnas y no de los palos, las capuchas y las amenazas. Y que las decisiones de la política son esencialmente fruto natural del diálogo y no de los gritos o de la fuerza. De cara a lo que ocurre en la región, en el horizonte se ciernen tormentas frente a las que debemos estar alertas.
LA NACION 

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