Después de las promesas de campaña, el próximo presidente deberá enfrentar un escenario complicado.


James Neilson

Para muchos políticos, en especial para los opositores pero también para algunos oficialistas desencantados, la prolongada y hasta hace muy poco soporífica campaña electoral ha sido una distracción sumamente grata. Es comprensible: les gusta más participar de un torneo casi deportivo que concentrarse en tareas administrativas aburridas o, si son legisladores, asistir a sesiones parlamentarias. Y puesto que todos saben que para conseguir más votos una buena consigna o un gesto amable valen muchísimo más que comprometerse con un programa de acción realista que, dadas las circunstancias, sería a buen seguro muy pero muy antipático y sólo serviría para asustar a la gente, desde hace meses no se han sentido obligados a pensar en cómo ayudar a solucionar o, por lo menos, a atenuar los problemas angustiantes que tienen postrado el país.

Para ciertos intendentes, gobernadores y líderes de facciones menores, lo prioritario ha sido vincularse de algún modo con un personaje destacado que a su juicio sea capaz de aportarles los votos que necesitarán para conservar su nicho en las estructuras de que dependen, de ahí las maniobras acrobáticas de quienes habían apostado prematuramente a cambios que no se produjeron y que, para no correr el riesgo de tener que buscar otra línea de trabajo, tuvieron que volver al “espacio” de antes.

Dijo hace años Eduardo Duhalde que “no hay nada más mentiroso que un político en campaña”. Para muchos, no se trataba de una forma de descalificar su estilo proselitista sino de recomendarles que, en los meses previos a una elección, tomaran vacaciones de la verdad, algo que, en vista del estado penoso de la economía nacional y las perspectivas temibles que afronta el país, no vacilaron en hacer.

Será por tal motivo que tantos hablan con nostalgia del crecimiento, tratándolo como una opción más que, por motivos inexplicables, sus rivales repudian; les parece evidente que, además de beneficiar a la gente común, un período de expansión simplificaría muchísimo la tarea frente a quienes esperan estar a cargo del país en los años próximos y, aunque son reacios a admitirlo, comparten la responsabilidad por buena parte de lo que le ha sucedido en las décadas últimas.

Así y todo, si bien no cabe duda de que ocho años de estancamiento económico y la probabilidad de que continúe por mucho tiempo más hacen explicable el profundo pesimismo que se ha abatido sobre el país, aun cuando el producto per cápita se duplicara o se triplicara en un lapso muy breve los problemas sociales no desaparecerían.

En este sentido, el ejemplo de Chile es desalentador. Conforme a todos los índices, nuestro vecino ha avanzado tanto en las décadas últimas que dentro de poco podría verse incluido en el club selecto de las naciones plenamente desarrolladas, pero aún así no le ha sido dado reducir mucho la brecha, en cierta medida cultural o psicológica, que separa a los rezagados de quienes están más o menos conformes con el nivel de vida que han alcanzado.

Los gobernantes chilenos no son los únicos que no saben cómo mitigar las distorsiones sociales ocasionadas por el desarrollo económico. En casi todos los países, los dirigentes partidarios y sus acompañantes se sienten igualmente intimidados por los desafíos planteados por los vertiginosos cambios tecnológicos que están revolucionando el mundo del trabajo y por la globalización que obliga a las distintas sociedades a hacerse más “competitivas”, una exigencia que implica privilegiar a las minorías capaces de aportar más al producto nacional en desmedro de los demás.

Es natural, pues, que los políticos, que en las democracias tienen forzosamente que congraciarse con millones que nunca lograrán adaptarse a las circunstancias previstas, sean cada vez más propensos a formular promesas, vagas o absurdamente ambiciosas, que saben que son huecas, a la espera de que un paso en falso registrado por los medios sociales no los haga blancos de una campaña de difamación.

El malestar creciente que está haciéndose sentir no sólo en América latina sino también en otras partes del planeta se debe a la sensación nada arbitraria de que decenas de millones de personas ya se han visto perjudicadas por el desarrollo económico y que pronto habrá muchas más. Una consecuencia es que, luego de dos siglos en que sirvió para dar forma a las luchas políticas, la idea misma del progreso se ha debilitado. Al agotarse el stock de alternativas convincentes a un statu quo que hoy en día pocos encuentran satisfactorio, se ha vuelto cada vez más difícil confiar en que los años próximos sean mejores que los ya transcurridos.

Aunque de acuerdo común, la Argentina ha retrocedido mucho desde mediados del siglo pasado, a su modo ha sido un país pionero en que la clase política en su conjunto aprendió hace tiempo a administrar crisis gravísimas imputables a su propia incapacidad para satisfacer las expectativas mayoritarias.

Tanto aquí como en otras latitudes, es muy fuerte la tentación de aprovechar el descontento generalizado, lo que entraña el riesgo de brindar a los violentos pretextos para provocar desmanes. En Estados Unidos, la irrupción de “la política de la identidad” desató una ola de iconoclasia protagonizada por turbas de activistas furibundos que derriban las estatuas de próceres de tiempos menos esclarecidos; en Francia, la rebelión de los “chalecos amarillos” comenzó cuando el gobierno de Emmanuel Macron trató de aplicar un impuesto “verde” del tipo recomendado por los progresistas locales, mientras que en América latina están proliferando protestas destructivas supuestamente motivadas por tarifazos o, en el caso de Chile, por un aumento menor del boleto del subte que aquí apenas hubiera llamado la atención de nadie.

Con escasas excepciones, aquí los candidatos a puestos electivos intentaron anotarse puntos aludiendo a las presuntas deficiencias personales de sus rivales, lo que les permite minimizar las eventuales diferencias acerca de la mejor manera de resolver, en cuanto sea posible, los “problemas de la gente”. Después de todo, es mucho más fácil atribuir todo lo malo a la perversidad o estupidez de individuos determinados de lo que sería confeccionar un programa de acción viable.

He aquí una razón por la que la campaña que llegó a su fin no ha ayudado en absoluto a echar luz sobre las medidas que los candidatos se han propuesto tomar en los días, semanas y meses siguientes. Lejos de forzar a los aspirantes presidenciales y sus acompañantes a explicarnos lo que harían para impedir que el país sea devorado por la crisis insaciable que lo tiene en sus fauces, la campaña les brindó una oportunidad para culpar a sus adversarios por lo ya irremediablemente ocurrido.

Aunque virtualmente todos coinciden en que la crisis omnipresente que sufre el país es de origen político, no hay señales de que la clase dirigente nacional haya entendido que, para superarla, tendría que renovarse. Preocupados como están sus integrantes por defender sus propias “conquistas”, casi todos se aferran a los códigos tradicionales de su oficio con tanta tenacidad que muy poco ha cambiado desde los días ya lejanos de “que se vayan todos”. Una vez concluido aquel breve intervalo, los de siempre regresaron a sus puestos sin haber aprendido nada y los que, con el paso del tiempo, tomarían su lugar, no resultaron ser muy diferentes. Fue de prever, pues, que andando el tiempo la Argentina se hallaría nuevamente en medio de otra tormenta inflacionaria y al borde del enésimo default, si es que ya no lo ha cruzado,

Acaso no se equivoquen quienes insisten en que, para salir del pozo en que se ha precipitado, al país le convendría abandonar el sistema institucional vigente, que se basa en el presidencialismo de inspiración norteamericana, puesto que le convendría mucho mejor uno netamente parlamentario que, además de reducir la influencia de presidentes de inclinaciones monárquicas, como si todo dependiera de una sola persona, le permitiría reaccionar con mayor rapidez a cambios procedentes del exterior y forzaría a los partidos a asumir plena responsabilidad por los actos de los gobiernos que apoyan.

Por desgracia, últimamente los más dispuestos a hablar a favor de una reforma constitucional han sido autoritarios que sueñan con hacer de la Argentina un país aún más “hiperpresidencialista” de lo que ya es, lo que sería desastroso, pero ello no quiere decir que sería mejor dejar las cosas como están para que las características personales, genuinas o no, del jefe de Estado sigan importando tanto como lo que efectivamente hace o, de tomarse en serio lo dicho en los debates preelectorales, todavía más.

Sea quien sea el Presidente el 11 de diciembre, sería un auténtico milagro que el país no sufriera un ajuste parecido al instrumentado, contra su voluntad, por Duhalde 18 años antes. Podrían llevarlo a cabo los mercados, que no saben nada de sentimientos solidarios, o, si se animara, un gobierno dolorosamente consciente del riesgo de que cualquier medida que tome desencadenará un estallido social de proporciones inmanejables. Por ahora, la única barrera que se interpone entre los mercados y el país es el FMI, pero parecería que quienes tienen la voz cantante en el organismo están hartos de la Argentina y quisieran abandonarla a su suerte.
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