El diputado nacional y especialista en desarrollo social sostiene que es “imperdonable” que la gente no tenga para comer. Asegura que la solidaridad y la política deben ir de la mano e incorpora a la escuela como actor fundamental en este proceso.


Por Guillermo Andino
Por Carolina Prat

En Argentina 15,9 millones de personas están por debajo de la línea de pobreza, según datos del Indec. Esto significa que más del 35% del país no alcanza a cubrir los servicios básicos y que un 7,7% ni siquiera tiene ingresos suficientes para alimentarse, por lo cual se los considera indigentes. Estas cifras alarmantes registradas en lo que va de este año, son “imperdonables” para Daniel Arroyo – diputado nacional y especialista en el área social por haber sido viceministro de Desarrollo Social durante el gobierno de Néstor Kirchner y titular de esa cartera en provincia de Buenos Aires con Daniel Scioli– quien sostiene que es urgente aplicar la Ley de Emergencia Alimentaria recientemente sancionada para generar cambios profundos en la política social.

Arroyo afirma que para comenzar a resolver el tema del hambre, este país tiene una gran ventaja: “Nosotros no arrancamos de cero. Argentina tiene la red de cobertura alimentaria más grande de América Latina entre los comedores, las iglesias, los merenderos, las escuelas”, dice, y reconoce además que la tecnología favorece la integración de estos sectores para comenzar a diseñar un plan contra el hambre.

Si bien entiende que el problema de la pobreza estructural es mucho más complejo de abordar y requiere muchas décadas de trabajo sostenido porque ya hay tres generaciones excluidas del mundo del trabajo, la vivienda y la alimentación, afirma que “el problema del hambre es mucho más fácil de resolver porque Argentina produce los alimentos”. Para Arroyo se debe organizar un mecanismo para que la población más vulnerable pueda acceder a todo tipo de comida y a precios bajos y controlados.

El diputado Arroyo es categórico al decir que “es imperdonable que haya hambre en Argentina”, a la vez que le asigna al Estado la responsabilidad de garantizar una canasta básica saludable para sus habitantes. Una tarea que se debería lograr bajando los precios, fomentando la competencia y ayudando a los productores más débiles.

En cuanto al acceso a los alimentos, opina que es conveniente generar más centros de comercialización como ferias o mercados centrales y replicando la experiencia de otros países de la región, que cuentan con un sistema de caja única, donde se pueda pagar con una tarjeta de alimentos. “Esto hay que resolverlo, hay tanta conciencia hoy de todos los sectores (político, privado y las organizaciones sociales) que creo que se va a poder”, concluye, y ve como fundamental lograr una articulación de todos esos actores que actualmente se están manejando de modo solidario pero aislados.

El especialista en temas de desarrollo social sugiere que la escuela es para él un actor central y necesario para encarar la lucha contra el hambre y la desnutrición infantil. “Me parece que hay que trabajar desde ahí, abriendo las escuelas porque son el centro en que la comunidad confía”, dice. Si bien reconoce que el rol fundamental de las instituciones educativas es la enseñanza, piensa que al estar tan legitimada e incorporada a la comunidad es una herramienta valiosa, imposible de desperdiciar ya que el 98% de los niños argentinos pasan por la escuela primaria.

¿Qué propone Arroyo realizar en los establecimientos educativos? “Un sistema de patios abiertos los fines de semana, accesible a la comunidad con cursos de capacitación nutricional, educación en producción de alimentos y control médico de peso y talla para los niños", dice. Y refuerza esta idea afirmando que la escuela tiene para la comunidad más legitimidad que la política.

“La solidaridad y la política van de la mano”, afirma Arroyo, a la vez que sugiere que la política debería adaptarse al esquema solidario con que cuenta la Argentina. Porque ya hay muchas instituciones sociales y gente que están trabajando, no hay que hacer algo fundacional, al contrario, sólo hay que articular y mancomunar esfuerzos. “En dos años se debería poder resolver el problema del hambre social; que todos tengan acceso a la canasta básica de alimentos porque se trata de un tema de organización y de logística”, concluye esperanzado.
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