La Corte podría declarar inconstitucional la ley aprobada a fines de 2017 que cambió la fórmula para aplicar los aumentos. El plan de Alberto Fernández para que recuperen el 20% de pérdida del poder adquisitivo.


Daniel Fernández Canedo
Por un dictamen, el Procurador Fiscal Victor Abramovich le pidió a la Corte Suprema de Justicia​ que declare inconstitucional la aplicación retroactiva de la fórmula de movilidad jubilatoria que se aplicó en marzo de 2018.

El pedido se apoya en un fallo de Cámara sobre una causa iniciada por Miguel Fernández Pastor, un experto en temas previsionales que cuestionó que la Ley aprobada por el Congreso el 29 de diciembre de 2017 implicó licuar un aumento en el primer semestre de vigencia de la norma.

El dictamen del Procurador surge en plena transición política y saca a la luz pública uno de los temas más sensibles en tiempos de aceleración inflacionaria y con el aditivo esencial de que ya en julio Alberto Fernández​ había dicho que impulsaría una modificación de la fórmula de movilidad aprobada en 2017.

La actual fórmula de movilidad jubilatoria está compuesta por el 70% de la inflación pasada y un 30% por los aumento salariales y se ajusta trimestralmente.

Ese sistema representó un cambio sensible con relación al previo, y al que parte de la clase política plantea volver, que consistía en ajustar los haberes por un índice formado por mitades de los aumentos salariales y la recaudación de los aportes previsional de la ANSeS.

Ese sistema, además, contemplaba actualizaciones semestrales y "topes" para casos de saltos sensibles en la recaudación de la ANSeS. Los políticos, en voz baja, reconocen que, además, permitía cierta discrecionalidad en la determinación del número final.

Para funcionarios y economistas las consecuencias de la aplicación de la movilidad actual para jubilaciones y planes sociales constituye un dolor de cabeza por lo que representa en términos del gasto público total.

Jubilaciones, pensiones y planes sociales representan algo más del 50% de gasto público corriente y en una economía con inflación superior al 50% anual generan un "taxi" difícil de pagar y con riesgos a la hora de encarar cualquier plan que intente atacar la inercia inflacionaria.

Tal vez haya sido el Plan Austral de Raúl Alfonsín el programa antinflacionario que puso el mayor énfasis en atender los efectos que un esquema indexatorio genera como retroalimentador de la inflación. Probablemente, los técnicos recurran a desempolvar los libros.

Pero antes, cabe mirar el drama previsional argentino caracterizado porque la mitad de los seis millones de jubilados cobran casi $1 3.000 mensuales y hay 2.200.000 familias que cobran $ 2652 por hijo por la AUH. Con una inflación superior al 40% se entiende muy rápido la caída real de esos ingresos.

Mirta Tundis, diputada del Frente Renovador de Sergio Massa y experta en el tema jubilatorio, sostuvo que la idea del presidente electo, Alberto Fernández, "es ir recomponiéndoles el 20% de pérdida del poder adquisitivo".

Tanto las jubilaciones como los salarios reales se deterioraron al calor de la suba del dólar y la trepada de la inflación. Y ahora aparecen a las puertas de un posible acuerdo social frente al cual los distintos participantes buscarán reacomodarse.

El inicio de la transición hasta el 10 de diciembre ya tiene un sello en el fuerte ajuste del cepo cambiario que implicó la reducción de US$ 10.000 a US$ 200 del cupo que tienen los particulares para comprar dólares con destino al atesoramiento.

La decisión de cuidar las reservas del Banco Central fue un reclamo de Alberto Fernández que Mauricio Macri cumplió aceleradamente y que plantea un nuevo escenario en materia cambiaria hasta diciembre o bastante más allá.

La transición tiene como soporte dos números clave en materia cambiaria: el dólar subió 31% desde el 9 de agosto y un 62% en el último año. Si de algo no se puede hablar es de que el dólar esté retrasado.

A esas cifras se deberían sumar dos más: las reservas del Banco Central están en US$43.300 millones y hay depósitos en dólares por casi US$20.000 millones a pesar de que la gente retiró US$12.600 millones desde agosto por temor a un tsunami.

Pero no ocurrió y el martes después de la elección y de la foto de Alberto Fernández con Mauricio Macri en la Casa Rosada, el mercado cambiario mostraba algún síntoma de distensión y en los bancos no había retiro de dólares.

Después de semanas de fuertes compras de dólares, caída de reservas, dolarización de carteras de inversión y apertura de la "brechas" del dólar oficial con los distintos tipos de alternativas cambiarias ( dolar MEP, "contado con liqui" y blue), se notó cierta descompresión.

El fin de mes mostró a las empresas deshaciendo posiciones en divisas para hacer frente a los pagos de sueldos y compensaciones y a los particulares dando vuelta parte del "puré" (compraban en el oficial y vendían "contado con liquidación) para, también, llegar a fin de mes.

El ministro Hernán Lacunza y el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, le pusieron un candado grande a las reservas para transitar los 30 días hábiles que restan hasta el cambio de Gobierno pero la estrategia defensiva podría resultar insuficiente si arriba no comienzan a surgir señales sobre lo que podría venir en materia de dólar y de deuda.
CLARIN


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