Lejos de promover el desarrollo provincial, algunos gobernadores lo ahogan con sistemas corruptos, clientelistas y prebendarios para perpetuarse.

En la mayor parte de las provincias, luego de sendas reformas constitucionales que tuvieron lugar al poco tiempo de restablecerse la democracia, los gobernadores pueden aspirar a cumplir dos períodos consecutivos de gobierno. En Salta y San Juan son tres los mandatos en esas condiciones que sus constituciones permiten, y solo en Mendoza y en Santa Fe los gobernantes han de cumplir un solo período, pudiendo aspirar a otro cuando su sucesor haya completado el suyo.

En el caso de Mendoza, merece destacarse que su sabia Constitución de 1916 impone restricciones similares a los familiares directos de los gobernadores, de manera de evitar que las provincias se conviertan en feudos familiares, algo habitual en las prácticas de quienes ejercen un poder que debe ser limitado en el tiempo y en sus alcances en toda república.

En tres provincias, Catamarca, Formosa y Santa Cruz, sus gobernantes han impuesto constituciones que permiten la reelección indefinida. En Catamarca, la actual gobernadora y presidenta del Partido Justicialista provincial, Lucía Corpacci, que completará dos períodos este año, ha tenido la poco frecuente y por lo tanto ponderable sensatez de no presentarse para un tercer período consecutivo.
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No sucede eso en Formosa , el feudo de Gildo Insfrán , quien primero fue vicegobernador de Vicente Joga, hasta ser elegido gobernador por primera vez, en 1995. En 1999 impulsó la reforma constitucional provincial que habilitó la reelección indefinida tras dejar fuera de la sala a la oposición. Y apostó días atrás a ser reelegido por séptima vez consecutiva en ese cargo para gobernar a los 550.000 habitantes de esa provincia.

Aun cuando hubiera gobernado con eficacia, promoviendo la educación, respetando la independencia de los poderes, logrando el desarrollo que contribuyera a sacar a la provincia y a su pueblo de la pobreza en la que vive un alto porcentaje de sus habitantes -no es el caso, por cierto-, sería igualmente escandaloso que pretendiera gobernar continuadamente a lo largo de casi treinta años.

Se trata de un gobierno que ha evidenciado falencias graves y reiteradas que se reflejan en las condiciones de vida de sus habitantes. Formosa disputa con Santiago del Estero, el feudo de la familia Zamora, el triste rol de ser la provincia con más pobres, peor educación y grave ausencia de una Justicia independiente. La degradada calidad institucional en la provincia puede medirse también a partir de vectores como la dificultad para acceder a la información pública, el monopolio de comunicación instaurado por el gobernador a través de las redes y el atraso en infraestructura, agua corriente y cloacas que golpea al pueblo formoseño, con dos tercios de la población activa trabajando por paupérrimos sueldos en el sector público. Recordemos también que, según datos del último censo, el 4,1% de la población es analfabeta, la mayor proporción del país, con departamentos en los que dicha cifra incluso se triplica.

Los comicios provinciales repiten situaciones pasadas ya denunciadas, que incluyen irregularidades a la hora de sumar votantes extranjeros que vienen del Paraguay, a los que Insfrán les concedió planes sociales y subsidios diversos. En cada elección obtuvo más del 70% de los votos no sin un sinfín de denuncias de robos de DNI, padrones truchos, clientelismo y aprietes. En su paso por un nuevo período en la gobernación habrá sumado 28 años en el poder para 2023, un lamentable récord nacional.

Hay serios indicios de la extendida corrupción y de connivencia con el narcotráfico por parte de miembros de su familia, y también de los presuntos delitos cometidos en complicidad con el exvicepresidente Amado Boudou. Como bien sostenía lord Acton, "el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente". Estas provincias, donde se violan los principios fundantes del sistema republicano, son un lamentable ejemplo de la vigencia de la célebre frase del político inglés del siglo XIX.

La Constitución nacional, en su artículo 5°, dice claramente: "Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución nacional, y que asegure la administración de justicia, el régimen municipal y la educación primaria. Bajo estas condiciones, el gobierno federal garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones".

Cabe preguntarse si estas tres provincias, al establecer en sus constituciones la reelección indefinida, que solo se daba antes de que los argentinos acometiéramos la tarea de la organización nacional, luego de Caseros, con la aprobación de la Constitución en 1853, no están violando impunemente lo establecido en ella.

No hay república sin periodicidad de los mandatos ni alternancia en el poder. Por eso, estos gobernantes no desarrollan sus provincias y montan clientelismos para perpetuarse en el poder, utilizando sistemas prebendarios que incluyen el empleo público y el reparto de bolsones de comida en vísperas electorales. Como es previsible, la educación no está entre las prioridades, porque un pueblo educado se convierte en un pueblo libre.
LA NACION


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