La medida fue dictada por el juez Fernando Javier Perillo a raíz de la quiebra de la Fundación, en 2017. En principio se buscan bienes para poder saldar deudas económicas.

Sin embargo, desde la agrupación se denuncia que es un "allanamiento ilegal" y que las verdaderas intenciones son las de acceder al archivo histórico de la agrupación para confiscarlo.

Se vienen horas de tensión para la agrupación Madres de Plaza de Mayo. Es que la justicia dispuso un inventario en la sede de la entidad frente al Congreso. De acuerdo a las fuentes judiciales, el procedimiento responde al proceso de la quiebra de la Fundación de Madres de Plaza de Mayo y a la búsqueda de bienes para saldar las deudas pendientes con ex empleados. Sin embargo, desde la asociación se denuncia que la intención de la Justicia es acceder y "apropiarse" del archivo histórico de la entidad, actividad que es considerada como "ilegal" por las propias Madres.

La medida fue dictada por el juez de lo Comercial Nº 13 Fernando Javier Perillo y obedece a una presentación del juez Javier Buján, con el fin de poder confeccionar un inventario sobre los bienes que se encuentran en la Casa de las Madres.

La iniciativa respondería a la quiebra de la Fundación, decretada en junio de 2017. A raíz de deudas económicas todavía persistentes, algunas con ex empleados de la entidad, el juez Perillo busca diversos bienes para poder saldar las mismas.

El magistrado Buján realizó el pedido formal en su condición de rector interventor del Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos (Iunma), cargo que fuera asignado en su momento por el mismo ministro de Justicia, Germán Garavano.

Sin embargo, desde la propia organización se denuncia que la medida esconde intenciones políticas y una presunta persecución ideológica contra las propias Madres.

"Las Madres denuncian que el operativo carece de fundamentos legales y evidencia fines políticos, que no hay motivos de hecho ni de derecho, soslayando toda legalidad y Estado de Derecho", afirmaron las Madres mediante un comunicado.

Durante la exposición de su postura, la Agrupación advirtió que la propia Cámara Comercial, mediante las firmas de las doctoras Matilde Ballerini y María L. Gómez Alonso, entendió que la agrupación "no puede ser evaluada con los mismos parámetros" que una empresa "por distintas razones: Su actividad no implica una actividad comercial per sé; fue realizada aún en circunstancias de gravedad institucional y se fundamenta y es reconocida por la Convención Americana de DD.HH. -Pacto de San José de Costa Rica- a la que adhiere la Nación Argentina".

El pedido de acceso al archivo de Madres fue hecha al juzgado de Petrillo en el marco de la causa de la quiebra de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Las Madres reclaman que la solicitud del acceso al inventario debía realizarse en el marco de una nueva causa.

El pasado 4 de abril, un grupo de escribanos intentó realizar el allanamiento en la sede de Madres. Sin embargo, una serie de desinteligencias con las fuerzas policiales pospusieron la ejecución la medida para hoy, lunes.

Las Madres denuncian así que desde el Gobierno nacional hay un intento de "apropiarse del archivo histórico más grande de América Latina en su tipo".

"Esta gente va a venir con la fuerza pública. Pero nosotras no los vamos a dejar pasar y nos vamos a quedar aquí, con ellos o sin ellos", desafió Hebe de Bonafini, en declaraciones a Radio Caput.

"Lo que quieren es sacarnos a todas nosotras de acá. Quieren quedarse con nuestra casa y con nuestro archivo", agregó.
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