El ministro de Justicia rechazó los cuestionamientos por la baja de la edad de imputabilidad y anunció reformas en el sistema penal juvenil y en los programas carcelarios.


Por Martín Dinatale

"Sería bueno que la oposición en lugar de criticar nos ayude a discutir los proyectos de seguridad para vivir en un país más tranquilo". La frase parte del ministro de Justicia, Germán Garavano, en un tono monocorde que no traduce quejas ni dureza. Pero que refleja cierto malestar del Gobierno por todos los cuestionamientos que últimamente recibió la Casa Rosada ante la batería de anuncios oficiales para combatir el delito.

Garavano adelantó que la baja de la edad de imputabilidad de menores "es apenas una iniciativa más dentro de un amplio proceso integral destinado a combatir el delito en la Argentina". Así, enumeró la idea de impulsar una profunda reforma al régimen penitenciario, avanzar con la ley de víctimas, el régimen penal juvenil, la reforma al Código Penal, los cambios al Código Procesal y cambios en la lucha contra la corrupción.

El ministro de Justicia no se tomó vacaciones hasta ahora y está metido de lleno en la agenda de trabajo a pesar de que gran parte del Gobierno incluido el presidente Mauricio Macri están de vacaciones. "Estamos muy concentrados en la agenda de justicia 2020 que se viene y no podemos parar", explicó Garavano a Infobae desde su despacho en la calle Sarmiento.

-¿Por qué impulsar ahora el proyecto de ley de baja de imputabilidad de los menores que cometen delitos?

-En realidad estamos impulsando el programa de justicia 2020 que es una reforma integral de la justicia con etapas sucesivas que permitieron que en muchos casos se terminara con la puerta giratoria y muchos casos se resolvieran rápido. También trabajamos los juicios unipersonales que permitieron mayor celeridad. La ley de víctimas para tratar a la víctima dentro del proceso de una forma más adecuada. Un proyecto de Código Penal que pronto va a discutir el Congreso. Y la reforma del Código Procesal Penal Federal que esperamos que sea de implementación progresiva en los próximos siete años. En esa línea avanzamos con una reforma también del sistema penitenciario federal, la lucha contra la corrupción y por primera vez en el país presentamos una ley de régimen penal juvenil. No es una ley de baja de edad de imputabilidad aislada, es un nuevo régimen para ver cómo abordar a los jóvenes que cometen un delito. Es un abordaje distinto al que existe hoy, que es un decreto ley de la época de la dictadura. Y este proyecto que fue elaborado por una comisión de reconocidos juristas liderada por Ricardo Gil Lavedra es realmente un proyecto de avanzada con consensos logrados para esto. Esperamos que en los próximos meses sea enviado al Congreso para su tratamiento.

-¿Ustedes creen que con esto se va a reducir el problema de la inseguridad en la Argentina?

-Nunca con una sola medida se va a resolver el tema de la inseguridad. La inseguridad es un tema integral que requiere un abordaje de múltiples formas. Pero creo que el gobierno por primera vez tiene con las fuerzas de seguridad un mensaje claro que apunta a la desarticulación de las bandas delictivas del narcotráfico. Nosotros trabajamos también en el mismo sentido. Desarrollo Social con Carolina Stanley también refuerza con el abordaje de programas destinados a los jóvenes que no estudian ni trabajan o con el tema de adicciones. Por eso creo que por primera vez el Estado está tomando una política integral social, educativa, hasta represiva y en las cárceles. Hoy se está haciendo un trabajo importante en las cárceles con trabajo de distintas actividades de reinserción social. Es decir, hay un trabajo desde la represión del delito, la prevención, el juzgamiento hasta la reinserción en las cárceles. Y con un rol central también a la víctima que hasta ahora no tenía voz.

-¿Qué reformas harán en el servicio penitenciario federal?

-Trabajamos con muchas acciones en lo que hace a la adaptación social y por otro lado haciendo obras que por primera vez se están realizando. Ya tienen fecha de inauguración los primeros pabellones nuevos de la cárcel de Cuyo, se están haciendo obras en Mercedes, en Santa Fe, en el traslado de la cárcel de Devoto, la unidad 9 y por primera vez tenemos todo un sistema de dispositivos electrónicos. Esto es un gran cambio. Antes había un sistema sólo 20 para personas acomodadas y hoy hay mas de 2.000 dispositivos en todo el país con un programa integral de reinsersión social. Con esto vamos a impulsar una reforma en el servicio penitenciario para que ayude a todo este proceso.

-¿En que consistirá esa ley?

-Esa ley cambiará todo el sistema de trabajo que hay en el sistema penitenciario, la readaptación social, la idea de fomentar los oficios para la readaptación social. Es una gran reforma en lo que hace a los trabajos en las cárceles. Este proyecto ya está listo y se va a enviar al Congreso dentro de lo que es el programa de justicia 2020. Como se ve, todo esto forma parte de un gran proceso que no es fácil, lleva tiempo pero estamos avanzando en la dirección correcta.

-Desde la oposición sostienen que todos estos son globos de ensayo del Gobierno para esconder el problema económico…

-Creo que son cosas independientes. Sabemos que el año pasado ha sido muy difícil y ahora vemos un camino de estabilidad y apostamos a una mejora de cada uno de los argentinos. Pero desde el primer momento se ha trabajado en una reforma integral del sistema de justicia. Todas estas leyes y reformas que le mencioné eran necesarias con lo cual entender que una medida sea parte de una estrategia electoral no es así. Me parece que son temas que la oposición nunca se animó realmente a tratar. Y este gobierno con decisión viene encarando una política integral del tema inseguridad y la delincuencia que no se había hecho antes. Sería bueno que la oposición en lugar de criticar discuta los proyectos y ayude a dar su mirada para aprobarlos en el Congreso y para hacer frente al delito con la idea de vivir en una sociedad más pacífica. Esperamos que la oposición acompañe y dé el debate.

-¿La expulsión de extranjeros que delinquen no puede ser vista como una vinculación a las políticas duras de Bolsonaro en Brasil?

-No, nada que ver. Son procesos políticos muy distintos. El gobierno tiene sus políticas que desde el primer momento estableció. En cuanto a la política migratoria instrumentamos el programa de extrañamiento de personas que deben volver a sus países si cometieron un delito. Es natural que los extranjeros que cometieron delitos vuelvan a sus países de origen. Este es un proceso que por un tema ideológico nunca se había ejecutado pero que estaba establecido por tratados entre diferentes países. Entonces de nuevo: hay un gran desconocimiento y falta de intención de encarar un problema. Pensemos que las cárceles federales tienen un 20% de extranjeros que están vinculados con causas de narcotráfico, trata de personas y en la medida que cumplan una parte de la pena se deben regresar a sus países.

-¿Qué actitud tomará el Gobierno ante la Corte Suprema en el caso de que avancen con fallos contrarios a la política oficial?

-Mas allá de las discusiones y trascendidos en los medios seguimos manteniendo una relación institucional y de diálogo con la Corte. Y vamos a seguir manteniendo esa buena relación con la justicia. Yo cada tanto me reúno con los jueces federales por ejemplo que tienen causas de narcotráfico para trabajar unificadamente con ellos.

-¿No ven una Corte que está enfrentada al Gobierno?

-No, esos son términos que vienen lamentablemente de la historia y del gobierno anterior. Nosotros tenemos una relación de mucho respeto aun frente a fallos que podríamos no compartir siempre hemos mantenido una vinculación institucional de respeto y de aceptación de los fallos de la Corte.

-¿Qué hará el Gobierno este año en que se cumplen 25 años del atentado a la AMIA y aun no hay respuestas de la justicia?

-Hay varios proyectos presentados en el Congreso y el gobierno ve con buenos ojos que se discutan para todo lo que tiene que ver con delitos transnacionales, trata de personas, terrorismo. Este puede ser un instrumento que el Congreso debe discutir. Después se evaluará si funciona o no. El otro tema es que en marzo comenzara el juicio oral en que va a juzgarse por primera vez a la persona que se la sindica como el que participó en el atentado así que ese será un hecho relevante.

-¿Darán mayor impulso al proyecto de ley de juicio en ausencia?

-Es una discusión del Congreso que el Gobierno ve con buenos ojos que se discuta pero nos parece muy importante que avance el juicio oral y que se fortalezca la unidad AMIA para la investigación.
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