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Entre agosto de 2009 y diciembre de 2016, el Estado desembolsó esos fondos para transmitir partidos. Sobreprecios, desvíos y avivadas.


Tras cuatro años de investigación, la jueza Servini cerró la instrucción del expediente por fraude agravado al Estado a través del programa Fútbol Para Todos. El plan, que bajo la promesa de transmitir los partidos de primera división por la televisión abierta y mejorar las exhaustas finanzas de los clubes terminó envuelto en sospechas y negociados, se presentó el 21 de agosto de 2009 y finalizó el 19 de diciembre de 2016.

En ese lapso, el Estado desembolsó 9.739.525.238 pesos, entre el dinero entregado a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el utilizado para costos de producción de la televisación de los partidos. De acuerdo a los informes de los tres veedores que la jueza puso en la AFA, entre 2009 y 2016 llegaron a esa institución 6.381.799.796,57.

Hasta 2015, por una operatoria de cambio de cheques en cuevas financieras vinculadas con Julio Grondona y el kirchnerismo, se estima un desfalco cercano a los dos mil millones de pesos. En octubre y diciembre de 2016, la AFIP presentó denuncias penales contra clubes y la AFA reclamando 221 millones de pesos en concepto de evasión impositiva.

El caso judicial cuyo juicio oral irá a sorteo la semana próxima comenzó en mayo de 2014, a raíz de la denuncia de la entonces legisladora Graciela Ocaña, quien apuntó a modificaciones en el convenio entre la AFA y el Gobierno, al irregular manejo de la pauta publicitaria y la asignación discrecional de distintos canales de televisión para las transmisiones. También denunció que la AFA no cumplió con los pagos, y que los clubes habrían desviado el dinero.

La hipótesis inicial fue que el programa -a cargo de la Jefatura de Gabinete-, “no habría sido destinado al cumplimiento de los fines establecidos en los acuerdos que le dieron forma”.

Se cree que el dinero del FPT -que debía distribuirse entre los clubes- era sometido a diversas operaciones financieras fraudulentas que terminaban por desviarlos hacia entidades que no se relacionaban con el fútbol o que, en su defecto, "no se asociaban a los propósitos tenidos en cuenta por el Estado a la hora de impulsar la inversión", se sostuvo en la causa.

Durante la instrucción, el fiscal Gerardo Pollicita imputó tres tipos de desvíos vinculados a ex directivos del fútbol argentino Miguel Silva, Rafael Savino, Carlos Portell y Rubén Raposo: el pago a la fundación “El Futbolista”, que recibía el 2% de los fondos públicos; la garantía de siete préstamos otorgados por el Banco Credicoop a la AFA con la cesión de un convenio firmado el 20 de agosto de 2009; y la operatoria de descuento de cheques de pago diferido en una serie de cuevas.

El delito atribuido sobre los ex directivos del fútbol fue el de partícipes necesarios de administración fraudulenta agravada, por haberse cometido en perjuicio de una administración pública.

En cambio, a los ex jefes de Gabinete de Cristina Kirchner que comandaron el programa -Aníbal Fernández, Juan Manuel Abal Medina y Jorge Capitanich- se los señaló como responsables de no haber controlado los fondos del FPT y los contratos únicos de sponsoreo con la empresa IVECO, sin licitación. Contra ellos, la acusación fue de “violación de los deberes de funcionario público”. Luego, la Cámara Federal dictó la falta de mérito a Abal Medina.

Para la Justicia, la falta de control permitió el desvío en sus tres variantes. "Desde septiembre de 2009 a diciembre de 2015, las acreditaciones a la AFA de parte de la Jefatura de Gabinete ascienden aproximadamente a 5.621.799.796,57 pesos, una suma por demás considerable para dejarla librada al azar", acusaba Pollicita. En el caso de los pagos a la fundación "El Futbolista",​que depende de Futbolistas Argentinos Agremiados, se detectó que durante la gestión de Fernández se transfirieron 36.414.398 pesos. La fundación, que supuestamente estaba destinada a “elevar la calidad de vida de los futbolistas y sus familiares promoviendo el desarrollo integral del individuo”, tenía varios plazos fijos en diferentes bancos y 2 millones de dólares en dos cajas de seguridad.

Los aportes, según la jueza, no era legales porque no estaba en el estatuto original del FTP. En la causa se investigan 200 cuevas financieras involucradas en el cambio de los pagos de contratos.

Además, Pollicita detectó sobreprecios en la compra de derechos de partidos internacionales. El monto es de al menos 19.130.000 dólares, si se suman los diversos convenios que firmaron los tres ex jefes de Gabinete. Uno de esos partidos sospechados fue por el contrato que Fernández firmó el 14 de septiembre de 2011 para la adquisición de derechos del “Superclásico de las Américas 2011” a la empresa “TyC International” que dependía de Alejandro Burzaco, luego detenido y enjuiciado en Estados Unidos por el escándalo Fifagate. Telefé había adquirido esos derechos por 270.000 dólares, pero el Gobierno los pagó 1.200.000 dólares. Para Pollicita, la diferencia dejaba en evidencia “un claro pago de sobreprecios”.

Una operación similar ocurrió con otro amistoso de la Selección Nacional. Para el fiscal, Aníbal no respetó el método de contratación mediante subasta “que hubiera disminuido el precio” sino que adquirió los derechos a pesar de que otro canal, América TV, ya los tenía y garantizaba la transmisión gratuita en todo el país. Por ese partido, América pagó 300.000 dólares y el Estado 600.000. El doble.

Con la Copa América de Chile 2015 ocurrió una operatoria similar, pero que esta vez involucra a Abal Medina. El ex jefe de Gabinete firmó un convenio por los derechos de televisación que no resultó muy favorable. El Estado pagó 8 millones de dólares, mientras que DirecTV TV desembolsó 3 y TeleRed sólo 2, según el dictamen del fiscal. La Justicia sospechaba que los sobreprecios podían esconder posibles retornos para los funcionarios kirchneristas.

Cuando hace un año Pollicita dio a conocer su dictamen, Aníbal Fernandez lo calificó como "una paparruchada de cosas inventadas". Según él, "estos fiscales penales no entienden nada de derecho administrativo", y además "son odiadores de profesión".
CLARIN

Miércoles, Noviembre 14, 2018
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