Jujuy creó una empresa estatal para producir el aceite, asociada a laboratorios extranjeros. Críticas a una ley a la que llaman “hipócrita”.

Por Giselle Leclercq y Daniela Bianco

Con la aprobación de la ley que habilitó el uso del cannabis medicinal se echó luz sobre una realidad que era, hasta entonces, prácticamente desconocida. De pronto, aquellos que se habían movido durante años en la clandestinidad para conseguir aceite de marihuana con el objetivo de tratar distintas enfermedades, se animaban a hablar en público. Describían las propiedades de la planta y sus beneficios para la salud, contaban cómo habían llegado a considerar su consumo como un tratamiento alternativo y muchos se animaron a abrir las puertas de sus casas para mostrar sus propias plantaciones, incluso a sabiendas de que esto era un delito. Los prejuicios sobre el cannabis parecían desmoronarse con cada relato. Sin embargo, a un año de la reglamentación de la norma, la euforia inicial parece haber disminuido. Más allá del texto legal, que fue votado por unanimidad, en la práctica resultó imposible hacer coincidir la urgencia de miles de familias que necesitan atender cuestiones de salud graves con los tiempos que requieren la ciencia y la política para crear un circuito que funcione como es debido.
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