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El pasado 26 de septiembre, el señor Guillermo Kane, diputado de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, publicó un artículo en este medio en el que fui mencionado cuatro veces.


Jorge Aquino
Allí hace referencia a un artículo aparecido en el mismo medio en el que afirmo que el proyecto de ley que modifica la ley provincial de educación sexual es discriminatorio, porque alienta desde el Estado una actitud negativa hacia la religión y porque llevaría a cercenar derechos de los padres, reconocidos por la Constitución Nacional y por los artículos 122, 128 y 129 de la ley nacional de educación nº 26206).

El señor Kane afirma que su proyecto busca brindar una educación sexual laica y científica, pero no define con precisión el alcance del significado de esos términos. Una educación sexual laica debería transmitir, gradualmente, conocimientos objetivos y consensuados, tales como: qué es la sexualidad, cómo se desarrolla, cuáles son las consecuencias de un acto sexual y cómo vivir responsablemente la sexualidad. Pero en las instituciones estatales no se debería impartir una concepción o visión parcial acerca de la sexualidad o de su finalidad. Esto no obsta a que tanto los padres, en sus casas, como las instituciones educativas privadas puedan ejercer el derecho a transmitir, junto con los contenidos básicos necesarios (sobre la biología), los valores que los inspiren: es ese el motivo por el que los padres eligen con frecuencia una educación privada para sus hijos. Ellos se saben sus principales educadores, pero difícilmente encontraríamos a algún padre que piense que los hijos son suyos, en el sentido de que sean de su propiedad. Ellos son conscientes de que tienen una especial responsabilidad en ayudar a que sus hijos crezcan y se desarrollen sanamente.

Es un tema de debate cuál podría ser el grado de libertad por parte de un niño, ya que por estar desarrollándose intelectualmente (proceso que se extiende hasta la segunda o tercera década de vida) no tienen plena capacidad ni criterio como para discernir sobre aspectos claves que influirán decisivamente en sus vidas. Justamente por ello y por lo todo lo anterior, los padres o tutores son quienes naturalmente los conocen y los pueden guiar mucho mejor que cualquier otra persona o entidad.

Es lógico que el Estado quiera garantizar los conocimientos fundamentales sobre educación sexual por parte de los niños, pero debería hacerlo (mediante inspecciones a las instituciones, evaluaciones a los alumnos u otros sistemas que se consideren pertinentes) teniendo en cuenta no solo la opinión de expertos en educación y del colectivo feminista o de agrupaciones LGBTI (como sugiere el proyecto de ley), sino también la de los padres e instituciones con perspectiva de familia y la de asociaciones provida. En este último caso, porque debería también ser protegida la vida de un ser humano por nacer y promovida una cultura de respeto por toda vida. Por otro lado, a mi entender dar contenidos sobre aspectos anatómicos de la sexualidad antes de cuarto grado de primaria no me parece adecuado ni necesario, y debería evitarse absolutamente la posibilidad de que se enseñe pornografía (mediante mostración o descripción demasiado explícita, por ejemplo, en lecturas, de sexo, que pueda ofender la sensibilidad de un menor de edad) o conceptos u opiniones no fundados en la realidad.

La lectura de los lineamientos del Ministerio de Educación y del Consejo Federal de Educación sugiere una dedicación de tiempo a esta temática que parecería exagerada: para buscar solucionar el problema del embarazo adolescente y educar en aspectos claves de la sexualidad, sería suficiente con explicar estos contenidos en diversas clases de biología, en el segundo ciclo de la primaria y en la secundaria. El exceso en la dedicación de tiempo a este tema, aparte de ser innecesario, llevaría a la sexologización en los niños, lo que incentivaría la precocidad sexual. En ese sentido, sería mucho más sano dedicar preferencia horaria (sin descuidar una sana educación sexual) a educar en los valores universales, tales como: prudencia, justicia, piedad hacia los padres, la autoridad y los ancianos, honestidad, respeto, comprensión, lealtad, caridad, amistad, solidaridad, alegría, gratitud, constancia, paciencia, generosidad, sobriedad, humildad… Eso es fundamentalmente lo que los ayudará a conocerse, a crecer como personas y a ser cada vez más felices.

Una educación sexual científica debería enseñar lo que la biología ha evidenciado. Los seres humanos, en nuestra condición animal, somos el resultado de un proceso evolutivo de cientos de miles de años. Por ese motivo, estamos sujetos a leyes biológicas que influyen poderosamente en aquello que somos. La biología claramente demuestra la existencia de dimorfismo sexual en la especie humana. La presencia del cromosoma sexual Y determina el desarrollo gonadal masculino en un individuo humano, al que sigue después también la masculinización del cerebro. La ausencia de un cromosoma Y lleva, en su lugar, al desarrollo biológico como mujer, tanto en lo relacionado con el sistema reproductivo como con el cerebro. Un niño que sea educado en sintonía con su condición sexuada, o sea, buscando no oponerse a esta y en un contexto familiar que brinde confianza a los niños y no despierte en ellos inquietudes que no son propias de su edad cronológica, pacíficamente irá desarrollando su personalidad en consonancia con su sexo biológico.

Sin embargo, existen tendencias pedagógicas, no fundadas en evidencias de la biología, que proponen enseñar a los niños que no son nenes ni nenas, aunque tengan un sistema reproductor propio de un sexo u otro y su cerebro se esté desarrollando según su condición sexual. Eso es hacer violencia a la realidad de las cosas. Es cierto que por diversos factores, como vivencias anteriores de sus padres, educación y experiencias propias de los niños u otros factores ambientales, ellos pueden a veces pasar por crisis emotivas profundas, llegando incluso en algunos casos a responder a estas sintiendo una inclinación distinta a la del propio sexo biológico. En esos casos, los padres sabrán cómo acompañar a los niños y ayudarlos en sus crisis (que los seres humanos tenemos y de tantos tipos), acudiendo tal vez a la ayuda de su pediatra, y llegando en ocasiones a la aceptación de esa condición. Los seres humanos somos muy diversos y necesitamos conocernos, comprendernos y respetarnos. Es necesario acompañar a cada niño en su desarrollo integral y en la configuración de su personalidad, y son los padres quienes están naturalmente más capacitados para esa tarea, a veces requiriendo también de la ayuda complementaria del Estado, pero nunca el Estado sin los padres, y menos contra sus propios valores y transmitiendo a los niños una enseñanza o visión parcial de la realidad.

Una ley de educación sexual debería explicitar pautas claras y consensuadas acerca de las competencias y los contenidos a ser dictados en relación con la educación sexual, así como la jerarquía de valores que deberán ser respetados y transmitidos. Se debería garantizar tanto que los niños reciban la instrucción adecuada como los derechos de los padres. En un tema de tanta relevancia, y tal como establece la ley nacional 26206, los padres deberían ser informados de estas actividades e invitados a participar, tanto de forma individual como a través de órganos colegiados representativos. Eso fortalecerá la interacción de los padres con las instituciones educativas y permitirá llegar a soluciones superadoras que beneficiarán a todos. Si estas actividades fueran dadas con la altura académica, el consenso y la objetividad requeridos, no deberían despertar descontento ni preocupación en ningún agente educativo. Al contrario, si se hiciesen bien las cosas y se respetaran los derechos de todos, los padres se mostrarán mayormente agradecidos con la participación del Estado y de las instituciones educativas. Incluso poniendo estos medios, podrá darse el caso de que algún padre quiera evitar a toda costa que el niño reciba la educación sexual en el colegio, exigiendo poder dar ellos mismos esos contenidos: en esos casos, sería conveniente que las autoridades del colegio pudieran respetar esa decisión exigiendo al mismo tiempo poder evaluar al niño, de un modo consensuado entre todos, para asegurar que esté recibiendo los conocimientos necesarios. Si como sociedad quisiéramos realmente solucionar estas problemáticas, deberíamos intentarlo desde una actitud de diálogo y consenso, no de confrontación o de puja de fuerzas. De esta manera, todos podremos quedar conformes y evitaremos que se violente en la medida de lo posible derecho alguno.

El autor es director del Laboratorio de Biología del Desarrollo y Medicina Regenerativa, IIMT CONICET-Universidad Austral.
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