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El fiscal Franco Picardi pidió hoy un embargo de mil millones de pesos para las empresas y personas investigadas en la causa Odebrecht por el soterramiento del ferrocarril Sarmiento. También pidió designar un veedor judicial sobre el consorcio que lleva adelante en la actualidad la ejecución de la obra (denominado, G&S).


Por Patricia Blanco
Se trata de la causa que salpica al ex ministro de Planificación Julio De Vido y su mano Roberto Baratta; el ex secretario de Obras Públicas José López; el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y su colaborador más cercano Manuel Vázquez. Y en donde también están siendo, invetigados empresarios que van desde Angelo Calcaterra y Manuel Sánchez Caballero (de la ex IECSA) hasta Marcelo Odebrecht y Jorge Rodríguez. Todos ellos fueron convocados a indagatoria ante el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi.

Pero el dictamen de Picardi se pareció bastante a un pedido de procesamiento adelantado: aunque las indagatorias no terminaron -recién finalizaran el 31 de octubre con De Vido-, el fiscal repasó las pruebas y evidencias recolectadas en la causa, en donde aparece como crucial las confesiones de Luiz Mameri, un arrepentido de Odebrecht que confesó cómo se organizaron los pagos en la Argentina para obtener el soterramiento.

La licitación fue otorgada a la obra al Consorcio Nuevo Sarmiento integrado por las empresas IECSA, Odebrecht, Comsa Empresa Constructora y Ghella SPA. Según lo confesado en Estados Unidos, el Grupo Odebrecht pagó sobornos "a funcionarios públicos de Argentina" entre 2007 y 2014 por más de U$S 35 millones.

Ya en noviembre Picardi había pedido embargos preventivos pero el juez no había hecho lugar y dispuso las indagatorias. La Cámara Federal, sin embargo, llamó la atención al juez y apuró el dictado de medidas cautelares.

Con ese guiño, Picardi redobló hoy su pedido, en donde subió los montos de las sumas a embargar por las fluctuaciones del dólar. Pidió que la suma alcance los mil millones de pesos, repartidos proporcionalmente entre personas físicas y jurídicas.

"En consideración a las cotizaciones históricas y vigentes –las cuales como es de público conocimiento han fluctuado considerablemente de noviembre de 2017 a esta parte-, y a todas las apreciaciones antes efectuadas que dan cuenta de que presumiblemente, la afectación derivada de las maniobras ilícitas investigadas sería altamente superior al monto nominalmente considerado, aquel sin perjuicio de que opera como un dato de orientación para la determinación de la cuantía, deberá engrosarse", dijo.

De acuerdo al dictamen al que accedió Infobae, Picardi solicitó embargar: 67 millones de pesos para Comsa SA; 201 millones de pesos para Ghella spa; y 201 millones de pesos para Constructora Norberto Odebrecht SA. Pero sobre fue un poco más duro sobre Iecsa SA (actualmente, Sacde SA), la empresa que pertenecía a Calcaterra y que fue comprada por Marcelo Mindlin.

"Si bien en razón de su porcentaje de participación en el consorcio (30%), también le correspondería un embargo preventivo hasta cubrir la suma de 201 millones de pesos. Pero en razón de la transferencia de una porción de su paquete accionario y de que la firma Latifer continuaría siendo accionista de la continuadora de Iecsa SA, entiendo que el monto a cautelar debería fijarse en la suma de 34 millones de pesos para Sacde SA y 167 millones de pesos para quien estuviera detrás del accionista mayoritario de la firma Iecsa SA, Ángel Calcaterra, por este concepto".

Para Picardi los sobornos no se limitaron a Odebrecht, la firma brasileña que reconoció en su país que era una práctica habitual las coimas para hacer negocios en Latinoamérica. El fiscal sostuvo que "la evidencia reunida el objeto procesal queda circunscripto en el posible pago de sobornos por parte de las firmas Constructora Norberto Odebrecth S.A, IECSA S.A, GHELLA Societa Per Azione y COMSA S.A. a funcionarios públicos integrantes de la estructura del entonces Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, para lograr la adjudicación y continuidad de la obra "Soterramiento del Corredor Ferroviario Caballito-Moreno" de la Línea Sarmiento, proceso administrativo posiblemente direccionado que benefició al Consorcio Nuevo Sarmiento, integrado por las mencionadas empresas.

Y determinó que, a su juicio, "ha podido cristalizarse la verdadera naturaleza –es decir, espuria- de ciertos pagos y movimientos dinerarios respecto de los cuales se verificaron peculiares relaciones con la licitación pública cuestionada. Dichas circunstancias, pudieron ser relacionadas como consecuencia de habérselas enlazado en un esquema que consideró fechas, actores intervinientes y etapas del proceso administrativo de adjudicación y ejecución de la obra pública para soterrar el Ferrocarril General Sarmiento".

La hipótesis de la causa sostuvo que hubo gestiones antes de la adjudicación del contrato –direccionadas hacia Jaime y Vázquez- y luego después de la adjudicación para conseguir que se destrabaran los pagos de las obras, algo parecido a lo que relatan los empresarios en la causa de los cuadernos de Oscar Centeno.
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Miércoles, Diciembre 12, 2018
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