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El Índice de Percepción de Corrupción de Transparency International releva cómo es percibido el sector público de cada país en una escala de 100 (Muy transparente) a 0 (Altamente corrupto).

En 2016, Argentina obtuvo 36 puntos. Nuestros vecinos obtienen mejores puntajes: Uruguay: 71, Chile: 66, incluso Brasil: 40. Mejorar este resultado demanda del compromiso de la dirigencia política, del sector privado, las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía.

La lucha contra la corrupción requiere un abordaje múltiple y sincronizado para prevenir y sancionar la corrupción. La transparencia como herramienta anticorrupción no se limita a la apertura de los datos y el acceso a la información. Una fórmula sencilla para un programa anti-corrupción comprende cuatro líneas de acción: 1. Más información; 2. Más integridad; 3. Menos impunidad, y 4. Menos indiferencia.

1. Más Información. La información es central en la lucha contra la corrupción porque es el insumo indispensable para el control y monitoreo de la acción de los gobernantes y del uso de los recursos públicos. Entre los logros de la actual administración hay que anotar la sanción de la ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública, que vino a saldar una deuda de años. La ley alcanza a todos los poderes del Estado, al Banco Central, a las empresas concesionarias de obras y servicios públicos y también a las instituciones que reciben fondos públicos como partidos políticos, universidades y sindicatos.

El reclamo de mayor apertura de la información no se satisface sólo con la aprobación de la ley, la creación de una oficina especializada y la proliferación de portales con datos abiertos. Es necesario que los funcionarios comprendan que los datos que manejan no son propiedad privada; que se respete el principio de informalidad en las peticiones y que los pedidos sean contestados en tiempo oportuno y en forma completa. Es positivo que existan mecanismos judiciales para garantizar el ejercicio del derecho, pero la vía de la judicialización debe ser excepcional y no la regla en materia de acceso a la información.

Más Integridad. La prevención de la corrupción opera centralmente en el área de la integridad. Las virtudes cívicas de antaño, principios y valores que guiaban la acción de los funcionarios se han transformado en obligaciones legales. Los países dotaron de fuerza de ley a la obligación de actuar honestamente, de no abusar de los recursos públicos, de no utilizar los cargos para beneficiar a amigos y familiares, de no aprovecharse de la información privilegiada, de decidir en función del bien común. El lector podrá opinar que “eso es algo elemental”. Los numerosos casos de corrupción demuestran que para algunos funcionarios no está claro lo que está bien y lo que está mal, y que no entienden o no comparten esos principios elementales. Por eso la ética se transforma en “Ley de Ética”, se crean autoridades de aplicación y se prevén sanciones jurídicas.

El gobierno ha anunciado que enviará al congreso un proyecto de ley de integridad. Uno de los aspectos que se deberá regular con cuidado es el de los conflictos de interés. Se trata de uno de los desafíos más importantes en materia de ética pública para el actual gobierno, dado que muchos de sus funcionarios provienen del sector empresarial en el área que tienen a cargo.

Los conflictos de interés son la antesala de la corrupción. Por eso es indispensable detectar el conflicto y eliminarlo o tomar medidas para evitar que las decisiones del funcionario se orienten a favor de su propio interés o el de sus familiares, amigos o socios. Cuando existe un conflicto de intereses, se afecta la neutralidad e imparcialidad de los funcionarios.

Otra fuente de conflictos que compromete la neutralidad de la gestión pública y abre una ventana de oportunidad para la corrupción es el financiamiento de la política. Resulta indispensable avanzar para fortalecer la capacidad de monitoreo, auditoría y control del financiamiento que reciben, no sólo los partidos, sino también los candidatos y las fundaciones vinculadas a ambos. Aumentar la transparencia y garantizar la sanción efectiva y en tiempo oportuno. en caso de violación a la ley, resulta indispensable.

Menos Impunidad. Para frenar la corrupción es indispensable que quienes participen en actos de corrupción sean sancionados, devuelvan lo robado e indemnicen el daño causado. Algunos jueces federales han activado las causas por corrupción. Sin embargo, las condenas son aún pocas. Las leyes del Arrepentido y la de Responsabilidad penal de las personas jurídicas son instrumentos útiles para favorecer los procesos.

Quedan pendientes reformas procesales y de organización de la justicia que garanticen la independencia de los jueces y acorten los interminables plazos de los procesos. Sin esas reformas institucionales, nada nos garantiza que los mismos jueces que se han espabilado se vuelvan a dormir.

Menos Indiferencia. Más allá de las reformas institucionales, también la ciudadanía debe asumir un compromiso real y efectivo a favor de la transparencia. La sociedad debe enviar a sus dirigentes un mensaje claro de no tolerancia a la corrupción. Esto exige compromiso y participación. La indiferencia social es el caldo de cultivo propicio para la corrupción. Si los corruptos siguen ganando votos y ocupando cargos que, además, les brindan protección, no terminaremos con este flagelo. Asumamos nuestra responsabilidad individual y digamos tolerancia cero a la corrupción.

Delia Ferreira Rubio es Presidente de Transparency Internati
FUENTE: CLARIN

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