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La década del ochenta presentó características históricas que forjaron un criterio liberal realista en el mundo.

Por Guillermo Sánchez. Abogado y periodista
PUBLICADA EN DIARIO LA REPUBLICA
La caída de la antigua Unión Soviética y con ella el fin de la denominada “Guerra Fría” con Estados Unidos y países occidentales reconoció a nuevos actores con capacidad de liderazgo y con sistemas informáticos y técnicas de avanzada.
De igual modo, el sistema democrático comenzó a consolidarse en el continente americano. Por entonces se hablaba de globalización en sentido económico y político. Este esquema tuvo como respuesta el fenómeno de la integración entre naciones que se asociaron en regiones económicas, instalando regímenes jurídicos comunes y los derechos de las personas que trascienden las fronteras y se formulan convenciones y tratados en defensa del ser humano ante situaciones violentas provenientes del Estado.
América del Sur suscribió en este marco diversos instrumentos bajo la definición de derechos humanos universales (DD. HH.).

Iniciativa de Naciones Unidas
Empero, es útil recordar que en 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas resolvió adoptar la Declaración Universal de los Derechos del Hombre sancionada en forma inmediata por la Organización de Estados Americanos (OEA) para su recepción por los gobiernos del continente. La Convención Europea de Derechos Humanos –adoptada por el Consejo de Europa en 1959– y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969) receptan en sus contenidos el derecho a la vida, en tanto derecho fundamental y personalísimo del hombre, a la libertad y a la seguridad de la persona.
“El derecho a la vida es inherente a la persona humana y está protegido por la ley” (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) prescribe que “toda persona tiene derecho a que se respete su vida”.

Inclusión constitucional
En esta línea, la reforma constitucional de 1994 incorporó una serie de cláusulas que crean nuevos órganos dependientes de los poderes del Estado y en el capítulo sobre Atribuciones del Congreso el artículo 75 inciso 22 estableció con categoría constitucional “Declaraciones y Tratados sobre Derechos Humanos” (DD. HH.) cuyas normas son operativas.
En igual sentido, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebrada el 9 de junio de 1994, en la ciudad de Belem do Pará, República Federativa del Brasil, aprobó el Tratado sobre Desaparición Forzada de Personas, que nuestro país lo incorporó por ley en 1995.

Las personas mayores
El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó en la sesión celebrada el 9 de junio de 2015 la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y la Asamblea General aprobó el 15 de junio del mismo año.
En su preámbulo reafirma la universalidad, indivisibilidad e interrelación de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, así como la obligación de eliminar todas las formas de discriminación en particular la discriminación por motivos de edad. Se reconoce la necesidad de abordar los asuntos de la vejez y el envejecimiento desde una perspectiva de derechos humanos que reconoce las valiosas contribuciones actuales y potenciales de la persona mayor al bienestar común, a la identidad cultural, a la diversidad de sus comunidades, al desarrollo humano, social y económico y a la radicación de la pobreza.
Se tiene en cuenta con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos que solo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean las condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos.

Sujeto de derecho
Con respecto a los mayores adultos, María I. Dadove conceptualiza que “la mayor presencia física de ancianos hace que tengamos que repensar su condición de sujeto de derecho, a fin de poder situarlo ante la ley realmente en igual posición que los demás. Esta aceptación también nos habla de la necesidad de fortalecer el reconocimiento de sus derechos a fin de que funcionen como verdaderos derechos subjetivos. La ancianidad debería ser calificada como una diferencia relevante, tanto a la hora de legislar como a la de sentenciar” (María Isolina Dadove: Derechos humanos de las personas mayores; Ed. Astrea, 2015).

Convenciones aprobadas
Los documentos suscritos en convenciones internacionales destacan sobre la necesidad de abordar y establecer derechos que dignifiquen a las personas mayores. En este ámbito hay que tener presente los Principios de las Naciones Unidas en Favor de las Personas de Edad (1991); la Proclamación sobre el Envejecimiento (1992); la Declaración Política y el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (2003) y entre los instrumentos regionales la Estrategia Regional de Implementación para América Latina y el Caribe (2003); la Declaración de Brasilia (2007); el Plan de Acción de la Organización Panamericana de la Salud sobre la salud de las personas mayores, incluido el envejecimiento activo y saludable (2009) y la Carta de San José sobre los derechos de las personas mayores de América Latina y el Caribe (2012), entre otros.
La Convención de la Organización de Estados Americanos (OE) que apuntamos al inicio de esta columna reafirma el valor de la solidaridad y cooperación internacional y regional para promover los derechos humanos y las libertades fundamentales de la persona mayor.
Refiere, asimismo, sobre la importancia de facilitar la formulación y el cumplimiento de leyes y programas de prevención de abuso, abandono, negligencia, maltrato y violencia contra la persona mayor, y la necesidad de contar con mecanismos nacionales que protejan sus derechos humanos y libertades fundamentales.
La Convención Interamericana que tratamos entiende que “persona mayor” es aquella de 60 años o más, salvo que la ley interna determine una edad base menor o mayor, siempre que ésta no sea superior a los 65 años. Este concepto incluye el de persona adulta mayor.

Principios
Los principios generales comprenden: la valoración de la persona mayor, su papel en la sociedad y contribución al desarrollo.
La dignidad, independencia, protagonismo y autonomía; la igualdad y no discriminación. La participación, integración e inclusión plena y efectiva en la sociedad; el bienestar y cuidado.
La seguridad física, económica y social.
La equidad e igualdad de género y enfoque de curso de vida.
La solidaridad y fortalecimiento de la protección familiar y comunitaria.
El buen trato y la atención preferencial. El respeto y valorización de la diversidad cultural.
La protección judicial efectiva.
Los Estados Parte se comprometieron a salvaguardar los derechos humanos y libertades y para ello deben adoptar medidas para prevenir, sancionar y erradicar aquellas prácticas contrarias a este instrumento americano, tales como el aislamiento, abandono, sujeciones físicas prolongadas, hacinamiento, expulsiones de la comunidad, la negación de nutrición, tratamientos médicos inadecuados o desproporcionados y todas aquellas que constituyan malos tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que atenten contra la seguridad e integridad de la persona mayor.

Generar acciones
Sin dudas, los Estados deben promover la más amplia participación de la sociedad civil y de otros actores sociales en la elaboración, aplicación y control de políticas públicas y una legislación dirigida a la implementación que exige la normativa de esta Convención como los derechos a la participación e integración comunitaria, el derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia y promover la creación de servicios de apoyo para atender los casos de abusos, explotación y abandono de la persona mayor.
Y, fundamentalmente, capacitar y sensibilizar a funcionarios públicos y demás encargados de servicios sociales a fin de brindarles un trato digno y prevenir negligencias o prácticas de violencia y maltrato.
En realidad, los derechos humanos atraviesan un proceso que va desde la violación sistemática de la dignidad de la persona a la declaración de los derechos humanos mediante acuerdos internacionales.
Se trata de proteger los derechos del hombre no como miembro de una comunidad política, sino como hombre, en el sentido universal que le otorga a este concepto la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.

Lunes, Diciembre 11, 2017
GOBERNADOR RICARDO COLOMBI
BALANCE DE SU GESTION
GOBERNADOR ELECTO GUSTAVO VALDES
ASUNCION Y PRESENTACION DE GABINETE

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