Los lugareños huyen de la violencia que siembran las bandas de narcotraficantes que controlan ríos y territorio.

Perdida en el bosque, Japurá, en la Amazonia brasileña, ha visto disminuir su población en un 15 por ciento en los últimos dos años. Con 3.200 habitantes que viven sobre casas flotantes, está lejos de ser un caso aislado en esa región del mundo donde todo es superlativo. En Fonte Boa, Jutaí, Santo Antonio do Içá y Tapauá pasa algo parecido: también se están convirtiendo en ciudades fantasma.

A medida que Manaos, con 2,1 millones de habitantes, y Belém, con 1,4 millón, aumentan en población, las metrópolis de los municipios en la frontera brasileña con Bolivia, Colombia y Perú tienen cada vez menos pobladores.

Dos décadas después del auge de la delimitación de las tierras indígenas y los parques naturales, la concentración de la inversión pública y privada en algunas ciudades deja un vacío en el bosque. Eso facilita la vida de los explotadores y de las bandas criminales.

Los paquetes de marihuana skunk y cocaína siguen la ruta tradicional peruana y colombiana a lo largo del río Solimões hasta Manaos. Y se abrió, además, otra ruta por los ríos Japurá, Içá y Negro. El narcotráfico avanza.

En agosto pasado, el ejército confiscó 500 kilos de drogas en un barco en Japurá. Dos meses después, se encontraron 140 kilos en una lancha rápida. En 2019 se logró un récord en incautación de sustancias ilegales: 6,5 toneladas en el estado de Amazonas.

Japurá está en la nueva ruta narco y en la lista de zonas con bajo índice de calidad de vida. La ciudad, que está a seis días de barco de Manaos, no tiene un centro de salud para cirugías complejas.

Cuando el gobierno del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció el fin de un acuerdo con Cuba para contratar médicos, Japurá perdió a sus cuatro profesionales y su ayuntamiento tuvo que organizar de manera acelerada otro lugar para las demandas básicas.

Recientemente, el municipio fue incluido en la lista de aquellos que el Gobierno propone extinguir debido a su bajo número de residentes. Frente a ese riesgo, las autoridades municipales se apresuraron a decir que el número de pobladores era mayor y que muchos de sus habitantes vivían aislados en aldeas rurales.

La ciudad también enfrenta el problema de las escuelas sin estructura básica. En el medio rural hay una falta de pupitres, baños y meriendas. El problema es recurrente en todo el estado. En el Amazonas no se invierte el mínimo exigido por la Constitución brasileña: el 25 por ciento del presupuesto.

Pese a todo, son notables los logros ambientales en Brasil en la década del ‘90, poco después de una dictadura feroz. En la Amazonia, los gobiernos de Fernando Collor de Mello (1990-1992) y de Fernando Henrique Cardoso(1995-2002) demarcaron áreas indígenas que en su conjunto equivalen a una superficie más grande que la Península Ibérica. Los territorios Yanomami, Javari y Río Negro son como un Reino Unido y pierden indígenas todos los días.

Brasil pudo garantizar la creación de 424 áreas indígenas: un 98 por ciento en la Amazonia. La preservación, sin embargo, no se vio acompañada por la provisión de escuelas, hospitales y generación de ingresos. Hoy los caciques intentan mantener a los jóvenes en reservas protegidas, pero carecen de dinero para garantizar el interés por el bosque tropical. El legado, entonces, está en riesgo con las viejas políticas de desarrollo.

La Zona Franca de Manaos, parque industrial de los ‘60, en tanto, se convirtió en un imán para los inmigrantes, llenando la capital y reduciendo las aldeas. Docenas de etnias viven en barrios marginales sin servicios de agua o electricidad y los municipios que recibieron inversiones económicas se enfrentan a dramas urbanos.
Masacres

La aparición en la frontera de la banda criminal Familia del Norte revela la situación de abandono. En 2017, ese grupo asesinó en una cárcel de Manaos a 56 presos del Primer Comando de la Capital, su rival de São Paulo. También hubo una matanza en Altamira, estado de Pará, donde 57 presos murieron el año pasado. Ese lugar es la segunda ciudad más violenta de Brasil, según el Gobierno.

Las capitales amazónicas Río Branco, Belém, Manaos y Macapá superaron a Río de Janeiro y São Paulo en la tasa promedio de homicidios.

La banda Familia del Norte, con sus líderes sedientos de sangre y casi invencibles, se ha convertido en un argumento que justifica el discurso del poder público en el tema de la seguridad.

La banda conocida como Familia del Norte controla la region a pura violencia y ordenó masacres dentro de carceles.

En Altamira se ubica un punto de discordia entre las fuerzas más progresistas del país. Allí, la presidenta Dilma Rousseff (2011-2016) decidió construir la central hidroeléctrica de Belo Monte, un proyecto de la dictadura para represar las aguas del río Xingu y generar energía para las grandes ciudades.

Ante el silencio de la militancia de izquierda, el proyecto fue llevado adelante sin garantías de compensación de los impactos sociales y ambientales. Hoy en día, el municipio es un montón de barrios marginales sin perspectivas de ingresos ni empleo.

La postal de la destrucción forestal no incluye la imagen del crimen organizado. Sólo los árboles y las tierras son los viejos conocidos de entidades ambientales. De hecho, eso muestra una intelectualidad formada en los grandes centros urbanos brasileños, en las universidades y centros de discusión, que no incorporan a la Amazonia en sus agendas de debates. El bosque es un lugar distante y sin importancia real para los sectores ilustrados de la sociedad brasileña.

Vale señalar que las políticas de desarrollo de la dictadura fueron reanudadas por los llamados gobiernos de izquierda sin reacciones contrarias de militantes, artistas e intelectuales, que sólo comenzaron a moverse contra la destrucción del bosque en el Gobierno de Michel Temer (2016-2018), de apelaciones de celebridades internacionales como Gisele Bündchen y Leonardo DiCaprio. Es casi una paradoja. La reacción al movimiento político que resultó en la caída de Dilma despertó el discurso de defensa forestal que no tuvo resonancia en su mandato.

Los grupos narco se apoderan de viviendas construidas por el Estado, deciden cuándo hay toque de queda y hasta quiénes pueden vivir allí o no.

Territorio en pugna

La elección de 2018 consagró el odio al bosque. El ganador, Jair Bolsonaro, hizo campaña para defender abiertamente el fin de las reservas indígenas e incluso la liberación de agentes de policía que habían promovido la matanza de 19 trabajadores sin tierra en el Eldorado do Carajás, Pará, en 1997.

También pregonó que sacaría a los inspectores del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Ibama), el organismo ambiental del Gobierno, que fiscalizan los agricultores.

Así está en riesgo el discurso que fomentó un agronegocio brasileño, clave en la balanza comercial de ese país, que supo crecer al mismo ritmo que la protección forestal. De hecho, durante más de dos décadas, el Gobierno y el Parlamento han aumentado la legislación ambiental y fortalecido los organismos de protección.

El último dato acerca de la población indígena es de 2010. El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) estimó que había 896 mil indígenas en el país. Una cifra bastante superior a los aproximados 100 mil registros de la década del ‘60.

La mayoría se encuentra en la Amazonia, una región que concentra un 98,25 por ciento de las tierras indígenas brasileñas. Si por la información de hace diez años 573 mil indios vivían en el sector rural y el resto en ciudades, el cambio a favor de las ciudades puede causar un choque en la actualización de la encuesta demográfica.

La séptima ciudad más poblada del país, Manaos, experimentó una baja de población en miles de aldeas y pequeñas comunidades ribereñas en los últimos años. De 2005 a 2015, 48 de las 62 ciudades en el interior del estado tuvieron una reducción de personas.

La violencia vino aparejada al desordenado crecimiento urbano de Manaos. Si en 2006, 699 personas fueron asesinadas en la ciudad, el número se duplicó diez años más tarde. Hoy en día, Manaos tiene una tasa promedio de 36 homicidios por cien mil habitantes, más de 30 por encima de la media nacional.

La violencia también se ha disparado en otras capitales de la Región Norte (que incluye los estados amazónicos de Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima y Tocantins,). La dinámica de las inversiones sociales en la Amazonia va al remolque de las políticas del desarrollo que vacían la frontera.

Los populares condominios de viviendas del Gobierno federal en Manaos son dominados por Familia del Norte. Por ejemplo, el condominio residencial Vivir Mejor, en la zona norte de la ciudad. En 2012, el Gobierno entregó allí alrededor de diez mil viviendas. Ahora, 70 mil personas viven bajo el dominio de los jefes de la banda. La Familia del Norte organiza las horas de toque de queda e incluso ordena quiénes pueden o no pueden ocupar los pisos con la mejor ubicación.

En Belém, la segunda metrópolis amazónica más grande, grupos criminales urbanizaron y vendieron villas, que son conocidas allí como favelas.

En el valle del Jamari, la lucha por los últimos bosques ha dejado un rastro de sangre que recuerda a las antiguas masacres agrarias de Pará. La región de Espigão d’Oeste, Ariquemes y Buritis es el actual epicentro del conflicto de tierras en el país. Pequeñas milicias encuentran en los discursos oficiales incentivos para seguir actuando en la deforestación y en la invasión de tierras públicas.

El drama social de las aldeas es a menudo utilizado como argumento por los sectores que apoyan al gobierno de Bolsonaro. Se quejan de que la Amazonia no puede ser un santuario ambiental y defienden la integración absoluta de las aldeas con las ciudades.

Pero es precisamente esta visión de país integrado la que ha transformado el bosque en una jungla de pobreza y violencia. Mientras que el Palacio del Planalto (sede de gobierno nacional) y la bancada ruralista en el Congreso amenazan con reducir los territorios indígenas. Las comunidades tradicionales, en tanto, son retiradas de estas áreas, preservadas a pulso, por la presión económica.
CLARIN


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