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“No es solamente  los $4400 pesos de la pensión, sino por el sistema de salud al que puede acceder”, aseguró.

La dependencia municipal atiende de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 en la Asistencia o Sala Cabecera, en calle San Martín. O bien, pueden concurrir a la sede de la Dirección de Derechos Humanos, en calle Mariano I. Loza 30, 1° piso.

En conjunto con la Dirección de Derechos Humanos, el área de Discapacidad está organizando una asesoría legal para todas ellas.

Los interesados o damnificados deben llevar toda la documentación pertinente, como recibo de cobro u otro papel que represente una forma de notificación del cese de la pensión; aunque en la mayoría de los casos, los beneficiarios se enteraron de la quita de la pensión cuando fueron al cajero y no estaba depositado el dinero.

“Este llamado es para toda persona a las que les hayan quitado la pensión desde el año pasado y hasta ahora; para que pueden acercarse y gestionar recursos legales y volver a acceder a este beneficio, tener un seguimiento o buscar un recurso legal”, explicó Verónica Tolomio.

Aclaró también que el asesoramiento es para todas las personas que lo necesiten.

Asimismo, mostró su disconformidad con la medida adoptada por el Gobierno Nacional y manifestó que “recientemente es la quita más masiva o que ha llegado a los medios nacionales, porque en octubre -noviembre del año pasado- hubo una auditoria en la ciudad de Goya y desde diciembre tuvimos contacto con diferentes familias que iban manifestando su preocupación por la quita de pensiones”.

“Esto es progresivo y se fue dando cada vez más. Ahora tomó estado público porque es mucho mayor el nivel de impacto y el número de pensiones que se están quitando este mes, pero fue algo paulatino y gradual y realmente ha afectado a un montón de familias de Goya y muchas personas con discapacidad certificada, donde se ha tomado un criterio puramente económico: porque los padres trabajaban o que los padres tenían casa, o vehículo. No ha sido una sola persona la afectada, fueron muchas” puntualizó.

“El punto es, cómo se desconoce el derecho de las personas con discapacidad , Argentina es parte de la Convención Internacional del Derecho de la Persona con  Discapacidad, lo ratificó por ley en el 2008, lo cual plantea que se compromete como Estado a garantizar la accesibilidad a una vida autónoma, independiente, respetando el derecho individual, garantizando sistemas de apoyo; estamos hablando de autonomía y la quita de pensiones genera un impacto en la autonomía, que no aporta ya a la familia y que la familia debe continuar generando otros mecanismos de subsistencia. Toda aquella persona que diga que una persona con discapacidad sostiene una familia, realmente tiene un pensamiento  obtuso”.

“No es solamente los $4400 pesos de la pensión, sino por el sistema de salud al que puede acceder”, recordó.

Martes, Enero 16, 2018

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