La campaña kirchnerista no tiene respiro. Cuando declina el debate por la corrupción aparece el pacto con Irán.

Eduardo van der Kooy

El espectáculo de la campaña electoral permite por ahora dos observaciones. El Gobierno va timoneando la iniciativa. Ha logrado que la crisis económico-social no se instale como centro de gravedad del debate público. Esa realidad conllevaría una incomodidad en la oposición, cuyo discurso siempre serpentea. Pero el kirchnerismo también parece disponer de algún hándicap. La corrupción, en especial aquella que golpea a Cristina Fernández, tampoco se visualiza instalada en primera línea.

Aquellas ventajas podrían, sin embargo, representar espejismos. Que se hable poco de la crisis no significa que el conjunto de la sociedad no la sufra mucho. Que la ex presidenta se mantenga en una cuidada clandestinidad no impide que el fantasma de los delitos cometidos la década pasada se filtre por los flancos. La Cámara de Casación Penal confirmó, por ejemplo, los cinco años y diez meses de prisión para el ex vicepresidente Amado Boudou por la causa Ciccone.

Las batallas judiciales, pese a todo, no han desaparecido. Ocurren sólo de manera subterránea. Alberto Fernández ha dejado de hablar de los jueces que procesaron a Cristina. También de la presunta persecución política que sufre. Esa tarea desenfocó inicialmente su campaña. La tarea habría pasado a manos del sistema kirchnerista que, con destreza, quedó enquistado como herencia en el Poder Judicial. Valdría reparar en dos casos. Las denuncias del titular de la Corte Suprema de Buenos Aires, Eduardo De Lázzari. Habló sobre la existencia de causas judiciales armadas, con abusos de testigos de identidad reservada y presunta extorsión de los arrepentidos. Su rectificación resultó tímida. Además, la acción del juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, que va intentado construir en torno al escándalo de los cuadernos de las coimas la teoría del lawfare, que tanto entusiasma a los Fernández. Una supuesta confabulación entre los medios de comunicación y sectores de la Justicia para descalificar a dirigentes del “campo popular” enchastrados por la corrupción.

Ramos Padilla, a quien se responsabiliza en su paso por Bahía Blanca de haber demorado una investigación sobre Lázaro Báez, declaró en rebeldía a Carlos Stornelli por no presentarse a declarar en su juzgado. El fiscal de los cuadernos solicitó a la Corte Suprema que declare nula esa decisión. El juez de Dolores lo vincula con una red de espionaje y tráfico de influencias. Una presunción similar y descabellada endilga al periodista de Clarín, Daniel Santoro, que debió presentarse la última semana a declarar ante él. Serían pilares necesarios para concederle verosimilitud al ideario del lawfare. Justicia y periodismo.

Parece difícil no entrelazar dicha teoría con los enunciados de De Lázzari. De hecho Cristina, en un tuit, lo puso en blanco sobre negro para fortalecer la hipótesis de su persecución. La mira está colocada sobre los cuadernos de las coimas que Stornelli pidió que sea elevada a juicio oral. Sería con certeza lo que el kirchnerismo pretende evitar. La decisión está en manos de Claudio Bonadío. El juez está aguardando varias cosas. Que concluya la presentación de los reclamos y los recursos de la defensa de los acusados. También que venza el plazo para que algún imputado decida adherir a la figura del arrepentido.

Sobre este asunto transcurre una guerra sorda. Las declaraciones de De Lázzari y la acción de Ramos Padilla tendrían relación directa con eso. Los arrepentidos han dado un sustento sólido a la causa de los cuadernos. Sin ellos, a lo mejor, la validez o no del proceso hubiera quedado circunscripta al debate sobre las fotocopias que aportó Oscar Centeno. El chofer de Roberto Baratta, ex funcionario del ministerio de Planificación y mano derecha de Julio De Vido.

El kirchnerismo habla de supuestas extorsiones y manipulaciones contra ellos. Pero no existe todavía ninguna comprobación. Bonadío no ha recibido una sola rectificación o arrepentimiento de los 27 empresarios y cuatro ex funcionarios que se acogieron a la figura. En esa nómina hay pesados de ambos bandos. Desde Angelo Calcaterra, el primo de Mauricio Macri, hasta Aldo Roggio o Carlos Wagner, el ex jefe de la Cámara de la Construcción. Del otro lado, entre varios, José López, el hombre de los bolsos, y Juan Manuel Campillo, ex ministro de Economía de Santa Cruz. Que conoció el origen de la trama de las coimas desde sus orígenes. Aquellos empresarios confesaron el pago de dinero negro. Los demás ayudaron a describir el funcionamiento de la maquinaria.

La aprensión kirchnerista con los arrepentidos no es de ahora. Se resistió a la aprobación de la Ley en el Senado y Diputados. En la Cámara Baja, cuando tuvo sanción definitiva en 2016, todos sus legisladores de ausentaron para participar de una huelga y marcha de mujeres en repudio a la violencia de género. Intuían, tal vez, lo que podría ocurrir cuando se destapara alguna olla.

El camino para un arrepentido tampoco está desmalezado. Cada imputado debió ofrecerse primero como colaborador. Suministrando información para facilitar la investigación. El fiscal, en el caso de los cuadernos Stornelli, debió corroborar su veracidad. En tal caso, convalidó el arrepentimiento y prometió, según la ley, una reducción de entre un tercio y la mitad de la pena. Sólo el juez, en aquel caso Bonadío, homologó cada acuerdo delante sólo del abogado defensor.

Existe un detalle que debe tenerse en cuenta. Si algún arrepentido se arrepintiese ahora no sólo caería el acuerdo. Se lo acusaría de “falso testimonio” con un agravamiento de condena que iría de entre 4 y 10 años de prisión. ¿Correría alguno de los poderosos empresarios implicados ese riesgo?. ¿Hicieron semejante confesión en su contra sólo para perjudicar al kirchnerismo?. Todos ellos resultaron procesados por la aplicación de la figura de “cohecho activo”. Así pudieron evitar estar en la cárcel. No se los consideró parte de la “asociación ilícita” con que fue fundamentada la solicitud de prisión preventiva para Cristina y el resto.

Es cierto que cuando la Sala I de la Cámara Federal confirmó los procesamientos y dictados de prisión preventiva, incluido el de Cristina, realizó objeciones a algunos procedimientos y omisiones de Bonadío. Pero en ningún caso refirió a los arrepentidos. Solamente modificó la situación procesal del lote de empresarios.

Para lidiar con aquella realidad, Cristina tiene un pequeño alivio en la campaña. Primero el receso judicial de invierno. Luego la seguridad de que no deberá presentarse en el juicio oral por la obra pública concedida en favor de Báez hasta después de las PASO. El alivio sería también para Alberto con el fin de llevar adelante un trabajo que le cuesta: intentar con su moderación, que las preguntas ingratas le hacen extraviar, captar el voto de una porción de ciudadanos que todavía no sabe qué hacer.

El problema para el binomio Fernández es que la década kirchnerista dejó en el país demasiados lastres. Que regresan y castigan la memoria colectiva. La corrupción no fue una mancha excluyente. Existieron decisiones políticas que todavía hoy resultan imposibles de explicar. El Memorándum de Entendimiento con Irán está entre ellas. Cobró especial vigencia por la dolorosa recordación de los 25 años del atentado en la AMIA que dejó 85 muertos. Suena más inexplicable aún que Cristina haya justificado aquella gravísima decisión sólo como un acto de ingenuidad. Lo escribió en su libro “Sinceramente”, con el cual anda de espaciada campaña.

Aquel episodio, por si solo, invalidaría críticas que el kirchnerismo lanza contra Macri por algunas medidas tomadas en torno a la tragedia en la AMIA. No es que no exista lugar para esas críticas: la cuestión es desde que lugar político, ético y moral las formula la principal oposición. El Presidente incluyó a Hezbollah en el registro público de organizaciones terroristas. La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) congeló todos sus activos. Retomó con firmeza la responsabilidad de Irán en la participación del atentado.

El decreto de Macri coincidió con el vigésimo quinto aniversario. También con otro contexto. La visita del secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo. Hombre fuerte del staff de Donald Trump. Washington venía solicitando aquella decisión. Israel también. La Argentina dio un paso adelante respecto de la mayoría de las naciones de la región. Incluidos Brasil y Paraguay, con los cuales comparte la Triple Frontera. Un nicho de actividades terroristas encubiertas.

La resolución implica un riesgo. Nunca deja de haberlos, en cualquier terreno, cuando se asume un papel geopolítico activo. Macri le debe mucho a Trump por el apoyo que brindó el Fondo Monetario Internacional (FMI) en plena crisis del 2018. Y a Benjamín Netanyahu, el premier israelí, por la cooperación en materia de seguridad.

El interrogante consiste en saber como seguirá la historia. La Argentina está en un proceso electoral. Puede seguir Macri o regresar Cristina. Nada será parecido según resulte el ganador. Nuestro país en los 90 fraguó una investigación por el atentado en la AMIA. Luego nació un debate entre el matrimonio Kirchner acerca de la responsabilidad de Irán (Néstor) o de Siria (Cristina). El ex presidente le concedió poderes especiales a Alberto Nisman, encaminado a corroborar la pista iraní. En el interín la ex presidenta firmó el pacto con Teherán y el fiscal apareció muerto.

Tantos vaivenes explican la desconfianza histórica que despierta la Argentina. En el mundo y aquí mismo.
CLARIN


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